Quedan tres años de esta administración. Hay un nuevo ministro de Economía, pero todos los rezagos correístas siguen recibiendo instrucciones para torpedear cualquier intento de desmantelar el modelo fracasado de expansión fiscal. Hay también un proyecto de ley que, hablemos claro, no resolverá ningún problema de fondo.

No se trata de ser negativo. El libreto de la política económica no puede presentárselo con páginas enteras arrancadas. Se requiere un programa completo que demuestre que alguien en el Gobierno, finalmente, entiende de economía. Pero, hasta el momento, la comunicación está fallando mientras los problemas se vuelven más complejos.

Sin ser el único objetivo, el propósito de fondo es claro: el sector público consolidado debe bajar del 40 % al 25 % del PIB en lo que resta de este gobierno. Como es un porcentaje, en valores absolutos lo que interesa es que la economía crezca. En las presentes circunstancias cualquier presupuesto que sobrepasa los US$ 25.000 millones se encuentra en “terra incognita”, y pretender ejecutar un presupuesto de US$ 34.000 millones requiere que el petróleo esté en US$ 108 por barril para estar en punto de equilibrio. Hay una brecha fiscal de US$ 9.000 millones y las medidas propuestas son meros parches.

No se atrae inversiones con regalos impositivos. Estas no se materializarán satisfactoriamente si no hay seguridad jurídica, el Estado es corrupto, hay proteccionismo excluyente, no existe crédito suficiente, hay represión financiera, la política se encarga de cartelizar los mercados, y la administración de justicia es la mejor que el dinero puede comprar. Es, en esas circunstancias, mucho más fácil ser amigo del gobernante de turno, halar el agua hacia su propio molino, y (disculpen la expresión) “que se jodan” los demás.

No habrá vuelta a los mercados de capital, por más “road shows” que se armen, si antes no hay acuerdo con el FMI. No se trata de vender el alma al diablo, sino de tener un idóneo informe de auditoría que establezca independientemente cuáles son las opciones que existen para presentarse como un buen sujeto de crédito que no pague las tasas más altas de interés de la región y que pueda reestructurar sus pasivos. Tal como están los perfiles actuales de la deuda, a Moreno le toca pagar intereses a razón de US$ 3.000 millones anuales; a los dos siguientes les tocará amortizar los US$ 14.750 millones que sirvieron para tapar los huecos que la estulticia de Correa acumuló en bonos, en dos años. Entendemos que los chinos ya expresaron su criterio respecto de las obligaciones adquiridas en los anticipos. Basta leer los contratos financieros entreguistas del anterior gobierno para percatarse de que los acreedores tienen la sartén por el mango y ninguna motivación para cambiar las cosas.

Hay temas adicionales que abarcar para que a esta partitura tampoco le falten páginas, y lo haré en próximas columnas. Expresamente, hay que acometer el tema de cómo optar por una solución (tipo Pareto decimos los economistas) que minimice los costos del ajuste. Por el momento ofrezco una recomendación de amigo: aterricen en la realidad o aténganse a las consecuencias, porque la economía no perdona.