Dentro del ámbito de esta libertad hay, en nuestro país, una serie de problemas. Uno de ellos es la situación crítica de los medios en manos del Estado, problema al que el Gobierno no le ha conferido hasta ahora la atención necesaria. Se trata de un hecho que arranca y se agudiza en el decenio anterior, y que no tiene visos de arreglo pese a los pronunciamientos oficiales en relación con la urgencia de poner fin a los excesos del gasto. Hoy por hoy el Estado es dueño del más grande ‘holding’ de aquellos.

Este es un tema relacionado con las dificultades que afectan al derecho fundamental de la comunicación, debido a la permanencia de una normatividad nociva. La presencia de Mario Vargas Llosa en nuestra ciudad puso en la superficie este preocupante escenario. El personaje calificó a la ley de comunicación vigente como una vergüenza para el país y juzgó impostergable la adopción de medidas para que la libertad de expresión sea un derecho pleno. A propósito de ello hay que mencionar que en la Asamblea Nacional se tramitan dos proyectos de ley de comunicación. Uno propuesto por el Gobierno, que persigue retocar la ley vigente, y otro denominado Proyecto de Ley de Libertad de Expresión, presentado por el movimiento CREO, en el que, entre otros asuntos, se dispone que en un plazo perentorio se vendan los medios de comunicación en manos del Gobierno. Esta segunda iniciativa conlleva además el objetivo de que el tema genere un debate en la sociedad ecuatoriana sobre la concentración de medios por parte del sector oficial, y respecto al peligro de que muchos de ellos caigan en manos de extranjeros, debido a la permanencia de estipulaciones restrictivas en torno a la posibilidad de que sean los ecuatorianos quienes los manejen.

Las decisiones que se deben tomar son impostergables. Hay que aprobar un proyecto de ley que deseche el criterio totalitario de que la comunicación es un servicio público y debe ser brindado por el Estado, y hay que iniciar un proceso de venta inmediata de los medios en poder de este.