La agenda ultraconservadora se apuntó una victoria ayer en la Asamblea Nacional con el decidido apoyo de las bancadas liberales. Hubo lobby de Margarita Arosemena y otros dirigentes de los autodenominados grupos provida; aplaudido discurso del pastor Diego Trujillo; encendidas proclamas en defensa de la familia y, por una vez, unanimidad de criterios entre CREO, el socialcristianismo y el Bloque de Integración Nacional (BIN). Finalmente, con 70 votos a favor y 28 abstenciones (correístas en su mayoría) se aprobó una resolución en contra de una sentencia de la Corte Constitucional que defiende los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes.

¿La Asamblea condena la sentencia de la Corte? No exactamente. La resolución, cuya versión original fue presentada por Héctor Yépez, de CREO, y se enriqueció con aportes recogidos en dos horas de debate, es un anodino texto que apenas sí ratifica una serie de textos constitucionales que no necesitan ratificación, pues están en plena vigencia, y exhorta a la Corte Constitucional y a los poderes públicos a cumplir con su deber: el Pleno de la Asamblea entiende que no lo están haciendo.

¿Qué es lo que tanto les molesta? El hecho de que la Corte, al fallar sobre una demanda relacionada con la educación sexual de los adolescentes, sostenga que estos tienen derecho “a disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos” y a tomar decisiones sobre su vida reproductiva “de forma libre, responsable e informada”.

A Yépez, semejante resolución le escandaliza. Dijo que “darle a un adolescente de 12 años el derecho a decidir sobre su vida sexual no solo atenta contra el derecho de los padres a educar a sus hijos, sino que además genera consecuencias jurídicas monstruosas”. ¿Qué consecuencias? Según él, abre la puerta al matrimonio de adolescentes (prohibido por el Código Civil) y al estupro cometido por mayores de edad.

La defensa del derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus propios principios fue el leitmotiv de la mayor parte de discursos que se escucharon ayer en el Pleno. “Las familias exigimos respeto”, clamó Blanca Ugarte (PSC), mientras César Solórzano, de Sociedad Patriótica, prendía las alarmas contra las reivindicaciones liberales impulsadas por organizaciones de la sociedad civil. “Primero -dijo él- fue la tabla de consumo de drogas; luego, la igualdad de género; luego, las nuevas masculinidades. ¿Quién impulsa esta bendita agenda?”.

Hizo falta un correísta (Franklin Samaniego) para recordar que los adolescentes, “más que objetos de protección, son sujetos de derechos”; que esos derechos (entre ellos el derecho a ser consultados) prevalecen sobre los de las demás personas y los limitan (incluido el de sus padres a educarlos). El suyo fue uno de los pocos análisis constitucionales en un debate plagado de retórica más moralista que jurídica. De nada sirvió.

En la cresta de la ola, Roberto Gómez (CREO) puso las cosas en blanco y negro: este es un debate entre quienes están a favor de la familia y quienes están en contra, dijo, y trató de incluir en la resolución un respaldo a todos los padres que se oponen a los textos escolares que no compaginan con sus principios. No pasó pero, con el aliento ultraconservador que animó ayer al Pleno, se puede decir que estuvo cerca.

Un abusador en la mira

La Asamblea tomará medidas contra un sacerdote acusado de abusar sexualmente de los niños que tenía a su cargo: el padre César Cordero, de gran prestigio en Cuenca, había sido condecorado por la Asamblea con la medalla Vicente Rocafuerte. Lourdes Cuesta (CREO) propone quitársela; 115 legisladores estuvieron de acuerdo y se pronunciarán en una próxima sesión.