La Ley de Ordenamiento Territorial ‘vira’ a un aliado del oficialismo

Un aliado esquivo. Se trata del legislador Montgómery Sánchez, del Movimiento Autonómico Regional de El Oro. Este joven ingeniero agrónomo, que es parte del Frente Unidos, votó en contra del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial. Eso ocurrió ayer en la Asamblea Nacional.

“No se rompe la alianza, pero no voté a favor de la ley. No podemos retroceder y crear una superintendencia para que meta las manos en los gobiernos autónomos y descentralizados”, explicó a EXPRESO.

¿Ese rechazo a la disposición de la bancada de Alianza PAIS para aprobar la normativa podría condenarlo al aislamiento? Él aseguró que no, aunque el vocero del nuevo bloque parlamentario Democrático, Antonio Posso, le dijo en broma: “eres bienvenido a las filas de la oposición”.

Superintendencia

1. El principal ‘nudo’ entre los gobiernistas y la oposición sobre la norma aprobada ayer es una nueva institución burocrática: la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, para vigilar y controlar el ordenamiento territorial en el Gobierno central y los locales. Esta tiene 11 atribuciones y capacidad sancionadora. Para el arquitecto y legislador de CREO, Ricardo Moncayo, la ley es interesante, pero entiende mal el urbanismo, que da la calidad de vida a los habitantes. “Guayaquil es un ejemplo de renovación urbana. Los gobiernos locales no pueden someterse a una Superintendencia porque han sido elegidos por el pueblo”, dijo a este Diario.

Regularización

2. Según la disposición transitoria octava, los Gobiernos Autónomos tendrán dos años de plazo para terminar la regularización de los asentamientos humanos de hecho. Además, tendrán cuatro años para instalar los servicios básicos en esos lugares: agua potable, saneamiento y gestión integral de los desechos, dice la ley aprobada.

Habitabilidad

3. El permiso de habitabilidad es obligatorio para todo propietario. Los gobiernos locales deben verificar que se cumpla con los planes aprobados, explicó a este Diario la legisladora oficialista, Liliana Guzmán. “Es para evitar construcciones y asentamientos irregulares. Por ejemplo, una casa para dos pisos y termina de cinco”, señaló. CMA/MVC