Ley de Ordenamiento Territorial y GAD
Los municipios son gobiernos y expresión de las sociedades locales, que el Estado y los estatistas pretenden controlar y dominar. Es este un viejo problema jurídico, sociopolítico y económico, que se acentúa más cuando existen proyectos totalitarios y políticas centralistas que buscan crear un poder único sobre la colectividad.
Las dictaduras militares del 60’ y 70’ del siglo pasado impulsaron programas de este tipo para absorber y tutelar las sociedades y los gobiernos subnacionales: municipios, consejos provinciales, etc.
Los gobiernos locales han sido instancias de molestias para el Estado centralista y para los estatistas. Un grave problema de la práctica del Estado-Nación y de la relación de este con las sociedades y gobiernos locales situados en ciudades.
Hay una tradición con adeptos y partidarios. Ellos piensan que el Estado central es el único organismo capaz de gobernar, dirigir y hacer posibles las relaciones sociopolíticas, jurídicas y administrativas entre los ciudadanos.
La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, aprobada por mayoría de AP, se ubica en este contexto. El pretexto: el descontrol de los municipios sobre las construcciones y edificaciones, y la supuesta necesidad de que los ciudadanos notifiquen al Estado el lugar y el tipo de vivienda en que habitan.
Juristas y entendidos afirman con razón que esta norma es abiertamente centralista. Incluso anticonstitucional, porque violenta disposiciones como el art. 264, numerales 1, 2 y 3 de la Constitución, que reconoce las competencias municipales.
Más allá de lo dicho, es evidente que esta ley busca no solo sancionar a los municipios por incumplimiento de algunas competencias sino que al crear entes de control hiperestatales: Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo y Superintendencia del Territorio y el Suelo, merma el poder de aquellos.
Por eso un aliado de AP dijo: “No se rompe la alianza, pero no voté a favor de la ley. No podemos retroceder y crear una superintendencia para que meta las manos en los gobiernos autónomos y descentralizados”.
Ojalá la ley no sea parte de una política neocentralista que no reconoce ni valora las competencias de gobiernos y sociedades subnacionales. Eso espera el país, pues una sociedad democrática es plural y de diversos gobiernos seccionales (municipios) no negados ni absorbidos por el Estado.
