La ley que todos objetan
Tras cuatro años, la Ley de Comunicación está condenada a la reforma. El enigma es qué vía ganará.
Una democracia camino a desamordazarse. Luego de cumplirse ayer cuatro años de la aprobación de la Ley de Comunicación, impuesta por la mayoría de Alianza PAIS en la Asamblea, la nueva Legislatura coincide con el resto de la sociedad: donde gremios, sociedad civil, partidos políticos y el Ejecutivo exigen una reforma. De momento, existen cuatro vías para dar marcha atrás:
La radicalización.
1.El superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, ha abogado desde el día 1 por la necesidad de “una capacidad coactiva” que permita a su administración, juez y ejecutor de los medios de comunicación, cobrar las multas impuestas. Su visión de reforma coincide con la defendida públicamente por el expresidente Rafael Correa en un mensaje a sus compañeros de partido, preocupado por el ánimo reformista que ha invadido al país: “Si alguna modificación habría que hacerle, es endurecer las sanciones y darle capacidad coactiva a la Supercom”, escribió en evidente contradicción con el nuevo espíritu de gobierno. El presidente Lenín Moreno ha considerado necesaria una reforma para lograr una ley “menos sancionadora”. Y el propio Ochoa, desde que Moreno asumiera el poder, ha moderado su postura para buscar una reforma en la que si un medio “no desea cancelar la sanción económica, lo pueda hacer con trabajos en beneficio de la sociedad”.
La flexibilización.
2.Fundamedios, la ONG dedicada a la titánica tarea de cuantificar los atropellos contra la libertad de prensa en Ecuador (los cifra en 2.227 en la última década), ha diseñado una hoja de ruta que permita, en los siguientes dos años, recuperar la senda de la libertad de expresión en el país.
Esa ruta recoge un llamado al Ejecutivo para, sin esperar el consentimiento de la Asamblea, “despolitizar” los organismos de control y reformar el reglamento de la Ley de Comunicación “y sus aspectos más negativos” hasta que el Legislativo proceda a su reforma. Del Pleno espera otra cosa, más sencilla: poner a tono la nueva Ley con los tratados internacionales, redactar la ley de manera “clara y precisa”, reducir las limitaciones a “las mínimas necesarias”, echar abajo las normas éticas que no pueden ser impuestas por el Estado y, entre otras, eliminar el carácter de servicio público impuesto durante la era Correa.
El centro.
3.El partido de Jimmy Jairala, Centro Democrático, ha cabildeado desde el inicio la búsqueda de una salida moderada a la mordaza. Aprovechando el impulso de Moreno, Centro Democrático ha levantado una propuesta que busca reducir la cara dura de la Ley: eliminar la Supercom y el Cordicom, crear un órgano de control despolitizado y en equilibrio entre la academia y los sectores público y privado, así como eliminar las multas y fortalecer los espacios de mediación. La propuesta ha sido apadrinada por Jorge Yunda, un legislador de Alianza PAIS que proviene del mundo de la comunicación y será el encargado de buscar los 5 votos adicionales en su partido que, sumados a los 63 de oposición, podrían cambiar el rumbo con una mayoría absoluta.
El génesis
4.Las bancadas de oposición, envueltas en el debate sobre la corrupción, no han asomado aún sus propuestas de reforma o derogación. Pero trabajan en ello.
Sin embargo, en el archivo de la Asamblea Nacional reposa un proyecto de ley jamás discutido, presentado por el entonces legislador de Madera de Guerrero, Enrique Herrería, como una propuesta espejo a la finalmente aprobada por PAIS.
El proyecto de Ley de Comunicación de Herrería, firmado entre otros por la socialcristiana Cynthia Viteri, responde a un ejercicio de derecho comparado que busca blindar el ejercicio de la comunicación ante los excesos del poder, en lugar de lo contrario.
El proyecto amplía la libertad de expresión, más allá de la de prensa, por ejemplo, despenalizando las manifestaciones contra los funcionarios públicos por estar estos “expuestos a un mayor escrutinio público”. Y aunque reconoce el derecho ciudadano a reclamar réplicas o rectificaciones, el proyecto descarta la posibilidad de tribunales especiales que establezcan “la veracidad” de las informaciones y carga sobre el Estado la obligación de limitar la información reservada a lo establecido en la Constitución “y no a limitar el acceso a la misma”. La rectificación, en ningún caso, será la posibilidad de un funcionario para litigar contra terceros, sino simplemente la de rebatir cifras o datos inexactos.
La ética, también incluida en la ley, no toma forma de un código deontológico impuesto por el Estado, sino de uno creado y publicado por cada medio de comunicación.
Mientras la propuesta de Herrería, quien invita a las bancadas interesadas a acoger y modificar el proyecto, blinda el derecho constitucional de reserva de la fuente del periodista; las prohibiciones y limitaciones se enfocan en el Estado: el uso de la propaganda, la interrupción de la programación con cadenas nacionales para rebatir información y la fijación de estas cadenas en la información pública “urgente”.
