La lenta justicia ecuatoriana
Todos los medios de comunicación colectiva del Ecuador han recordado en estos días que estamos a treinta años de la desaparición de los hermanos Restrepo, sin que se tengan claros los reales motivos de dicho triste acontecimiento, aunque las sospechas apuntan en diversas direcciones.
Tres décadas, dos jóvenes vidas truncadas, una respetable familia deshecha pero infatigable en la búsqueda de la verdad y un misterio que permanece.
Por el estilo, en casos vinculados a otras formas de corrupción, la que atenta a los fondos públicos, también pasa el tiempo y los casos siguen sin resolverse, pese a la presión ciudadana, cerrándose muchos de ellos porque prescriben.
Evidentemente, una de las causas preponderantes de la lentitud en la resolución de los procesos es de origen político, cuando desde las esferas del poder se decide, por razones de interés partidario, mantener inactivo un determinado proceso.
También se vuelven eternos los casos en que algunos jueces han vislumbrado la posibilidad de recibir estímulos por parte de los interesados en hacer que el proceso avance o se resuelva favorablemente.
Sin duda, otro factor que impone lentitud en los procesos judiciales es de orden administrativo, cuando la ausencia de personal, con el número y la capacitación requeridos, acumula los juicios sin poder atenderlos con la celeridad deseada.
Por ello resulta grato conocer que cuarenta nuevos jueces serán distribuidos en 15 provincias para trabajar en materia Civil; Mercantil; Laboral; Familia, mujer, niñez y adolescencia; Penal; Contra la violencia a la mujer y miembros del núcleo familiar; Adolescentes infractores; Contravenciones; Tránsito y, Multicompetentes.
Con ellos, al decir de las autoridades judiciales, el Ecuador cuenta con 12 jueces por cada cien mil habitantes, lo que está por encima del promedio regional.
En todo caso, sabiendo que el incremento de personal no resuelve los problemas de origen político, es imperativo plantear una reforma a fondo de la administración de justicia que, a más de darle agilidad a los procesos, permita actuar con mayor fuerza y sin ataduras producto de las reformas en favor de la impunidad que se lograron imponer durante la década que acaba de terminar. Es tiempo ya de asimilar el asalto a los fondos públicos como actos de traición a la patria.
