El Gobierno salió ayer a hacer un cruce de fechas para intentar demostrar que las ‘confesiones’ que hizo la empresa brasileña Odebrecht, en una corte de Estados Unidos, no le aluden.

La respuesta oficial llegó de boca del secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, quien se ha convertido en vocero habitual, en los últimos meses, para los presuntos actos de corrupción en la actual administración.

Esta vez, Mera hizo el siguiente cálculo: si Odebrecht habla de que hizo pagos corruptos entre 2007 y 2008, pero el presidente Rafael Correa firmó el decreto de expulsión en septiembre de 2008, entonces ese pago fue inoperante porque la compañía igual se fue del país.

“Decir que en 2008 se corrompió a un oficial público para conseguir algo, es absolutamente incomprensible, no puedo decir que sea falso, pero es incomprensible porque, de todos los gobiernos que aparecen en la acusación, el único que expulsó (a Odebrecht) fue el ecuatoriano”, justificó Mera.

De todas maneras, la Presidencia de la República envió ayer a la Fiscalía General del Estado una solicitud para que investigue el caso. Mera maneja la hipótesis de que, incluso, Odebrecht pudo ser engañada por una persona que no forma parte del Gobierno. “El que haya recibido la plata que vaya y se pudra en la cárcel”, sentenció.

El ministro de Sectores Estratégicos, Augusto Espín, se limitó a hacer un balance de los proyectos relacionados con Odebrecht. Según él, desde que volvió al país, en 2010, ha manejado cinco obras que están en fase de entrega o entregadas y cuentan con informes de la Contraloría General.

“El único proyecto que está en etapa de construcción es la fase dos del Metro de Quito; un contrato de $ 1.500 millones, aproximadamente, que es del Municipio y se encuentra en ejecución”, explicó.

Eso, más la construcción de la Ruta Viva, para Mera, es una prueba concluyente de que el mayor contratante de Odebrecht no es el Gobierno central, sino el Municipio capitalino.