Son esposos y ambos trabajan en el sector público. Esa relación familiar y laboral ha sido común en la última década del Gobierno de la autodenominada revolución ciudadana.

En el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, dos de los siete consejeros están casados con dos legisladores del movimiento Alianza PAIS: Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo, es el marido de la asambleísta oficialista Soledad Buendía, primera vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Mientras Tania Pauker, integrante del Consejo, es esposa del legislador de PAIS Carlos Viteri.

Milton Castillo, abogado y excandidato a la alcaldía de Quito, opina que esas relaciones familiares y laborales son un mal ejemplo para la sociedad. “Transmite el criterio de utilizar las instituciones del Estado para beneficio propio. Es decir, esos funcionarios no han sido elegidos por sus méritos, sino por sus vínculos sanguíneos”, manifiesta a este Diario.

Para evitar casos como estos en la función pública, pero sobre todo en el organismo de selección, la oposición plantea reformas al Código de Participación Ciudadana.

¿Por qué? El Consejo debe elegir a las máximas autoridades de la Función de Transparencia: contralor, fiscal, procurador, miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), del Tribunal Contencioso Electoral, del Consejo de la Judicatura. Además, a los defensores del pueblo y público, superintendentes de Bancos, Compañías y Comunicación.

Héctor Yépez, de SUMA y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea, explica a este Diario las reformas que se plantean para garantizar la imparcialidad.

Las autoridades del Consejo de Participación y los funcionarios que elige no pueden ser familiares ni pueden haber sido funcionarios ni adherentes a ninguna organización política durante los últimos 10 años.

“Hay que endurecer los requisitos para ocupar esos cargos. La ciudadanía no tiene confianza y cuestiona la lucha contra la corrupción”, señala.

Los lazos familiares de los integrantes del Consejo pueden influir a la hora de nombrar a los candidatos del Gobierno, señala Ángel Gende, de Integración Nacional y vicepresidente de esa comisión.

Él es más drástico y cree que el Consejo debe eliminarse con una consulta popular porque “no sirve”. Y precisa: “Hay esposos de asambleístas y eso no puede ser”.

Los otros cinco integrantes del Consejo han ocupado entre uno y ocho cargos públicos e incluso han sido adherentes de Alianza PAIS. Por ejemplo, la presidenta del Consejo, Raquel Gómez. Ella tuvo tres cargos públicos: en la Secretaría de Gestión de la Política, en el Ministerio de Inclusión Social y en la desaparecida Secretaría de Pueblos. Además, Gómez era miembro de la directiva de PAIS en Guayas y fue su candidata a concejala del Puerto Principal.

Para Luis Pachala, de CREO e integrante de esa comisión, las reformas establecerán que los candidatos a esos organismos sean elegidos por sus méritos, para evitar cualquier dependencia con el Gobierno de turno. También habrá modificaciones a los concursos para las designaciones a los funcionarios de control.