La jornada fue larga y tensa. La audiencia de formulación de cargos -que terminó con la orden de prisión preventiva en contra de 13 personas acusadas por vender municiones del Ejército a grupos irregulares de Colombia- se convirtió también en el escenario del drama y los reclamos de los familiares de los detenidos.

Ellos, siete militares y seis civiles, son investigados por delincuencia organizada y tráfico de armas.

La diligencia inició pasadas las 23:00 del miércoles en la Unidad Judicial que funciona junto a la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Esmeraldas, y terminó cerca de las 04:00 de ayer. Los sospechosos fueron trasladados desde los calabozos hasta la sala de audiencias. Ingresaron en dos grupos: esposados y custodiados por agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR).

Sus familiares se aglomeraron detrás de las puertas de vidrio para verlos. “Papá” fue uno de los primeros gritos que se escucharon a su paso. Era un pequeño pero no tuvo respuesta: los detenidos caminaban con la mirada al piso. Solo uno de ellos hizo un ligero movimiento de saludo.

Había tensión en el ambiente. Algún gesto debió generar la desconfianza de los agentes del GIR porque rodearon a los casi treinta familiares que estaban en la sala y los colocaron contra la pared para una requisa.

Ellos protestaron y rechazaron la revisión. Y, para colmo de males, minutos después una docena fue desalojada de la sala de audiencias. ¿La razón? La diligencia había sido declarada como reservada por tratarse de delitos que atentan contra la seguridad del Estado.

Los familiares reaccionaron molestos, apelaron a la publicidad de la diligencia y denunciaron la violación de los derechos de los detenidos. Ellos están convencidos de la inocencia de los acusados e incluso hablan de posibles irregularidades en el proceso. La hermana de un sargento que fue detenido mientras hacía deporte en un reparto militar de Guayaquil, proclamó la inocencia de su familiar y rechazó la reserva de la diligencia.

Carmen Vilela insiste en que su hijo, de rango sargento, en varias ocasiones denunció la desaparición de las municiones en su batallón. Y dice que tiene pruebas de eso. Ayer, cerca de las 09:00, ella llegó con comida y ropa para su hijo pero, también, con certificados de honorabilidad.

La madre del militar que fue apresado en Loja también llegó a Esmeradas desde Quevedo (Los Ríos). Al igual que Carmen, llevaba alimentos y ropa. Ella contó que para su hijo la detención fue sorpresiva pero no la investigación: hace días su hijo le contó que ya había dado una versión dentro de la investigación por la pérdida de municiones en el rastrillo del Fuerte Militar Miguel Iturralde, de Loja. Pero, el miércoles por la mañana la llamó y le dijo: “mamá consígueme un abogado porque me llevan detenido a Esmeraldas”.

Las diligencias

La audiencia

El juez Óscar Cuenca dirigió la audiencia de formulación de cargos, que estuvo a cargo del fiscal Álvaro Gaibor. Los 13 sospechosos integrarían una red de aprovisionamiento de municiones para el grupo Óliver Sinisterra, liderado por Walther Arízala, alias Guacho, responsable de al menos 10 atentados en Esmeraldas.

El traslado

En la tarde, se esperaba que el juez legalice las boletas de encarcelamiento para la elaboración manual de las fichas de los procesados, previo a su traslado a los centros de privación de libertad que disponga el juez. Hasta el cierre de esta edición, ellos continuaban en la Unidad de Vigilancia Policial.