Justicia lenta con escasos resultados

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Justicia lenta con escasos resultados

En una democracia la administración de justicia es un pilar fundamental. Debe ser imparcial, ajena a presiones políticas o económicas, para que juzgue sin temores o coacciones las controversias sometidas a su conocimiento.

Existe la percepción de que la justicia en el Ecuador fue sometida al control y dependencia del anterior gobierno, consecuentemente magistrados, jueces y fiscales respondían por compromiso político o conveniencias a las insinuaciones u órdenes emanadas de la Presidencia de la República o de sus emisarios. Es imperativo devolverle su independencia a través de procesos de evaluación que analicen e indaguen el proceder de los operadores de justicia en todos sus niveles.

Curiosamente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que viene efectuando una reorganización en los diferentes organismos del Estado, al menos en su nivel directivo, detuvo la evaluación de jueces y fiscales que tenía programada el Consejo de la Judicatura Transitorio nombrado por ellos. Surge el lógico interrogante: ¿qué factores influyeron para impedir la más importante de las revisiones que debía efectuarse en el sano propósito de restaurar una consistente institucionalidad democrática?

El país observa con algún pesimismo la lenta acción de la justicia. Hay la presunción de que se busca con dilatorias impedir que se evidencie e identifique a quienes han participado en los incontables, escandalosos y cuantiosos actos de corrupción que se han denunciado y que se cometieron en el gobierno anterior. Los pocos casos que han avanzado en su trámite responden más a informaciones de la justicia de otros países, como el caso Odebrecht, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos o de la justicia brasileña, o en el caso de la refinería de Esmeraldas, a las indagaciones de los llamados ‘Panama papers’. Incluso en el caso Balda influyó lo hecho por la justicia colombiana.

La justicia puede ser ciega en su simbolismo, pero no puede prevalecer en ella el tráfico de corruptos o corruptores. Así se derrumba la democracia.