Un vendaval de notificaciones y diligencias judiciales. El exasambleísta de Pachakutik, Cléver Jiménez, recibió un nuevo llamado para comparecer a la Fiscalía General.

Esta vez, para hablar del supuesto intento de golpe de Estado, el 30 de septiembre de 2010. Con este caso el Ministerio Fiscal pretende terminar todas las indagaciones que surgieron a raíz de la insubordinación policial.

Jiménez contó ayer a EXPRESO que, en las últimas semanas, se han intensificado los requerimientos de la justicia ecuatoriana en su contra y cree que es apenas el inicio.

“Ordenaron prisión preventiva (por supuesta divulgación de información privada); ahora me llaman a declarar en este caso. Sé que me harán un juicio por insolvencia y quieren abrir otras investigaciones”, dijo Jiménez, al hacer un repaso de su situación jurídica.

El 28 de septiembre, el fiscal, Galo Chiriboga, informó que investigaba la presunta participación de varios actores sociales y políticos en el supuesto intento de golpe de Estado. No dio nombres de las personas a quienes tiene en la mira pero, ese mismo día, llegó un pedido para que rinda versión la asambleísta de Pachakutik, Lourdes Tibán.

¿Qué puede aportar Jiménez en este caso? “Nada. No hay ninguna participación mía en lo que sucedió ese día, ni en ninguno de los más de 70 casos que han sido investigados”, aseveró.

La hipótesis de la Fiscalía es que todos los eventos del 30 de septiembre de 2010 -la toma del Regimiento Quito, el cierre de vías y de la pista del exaeropuerto Mariscal Sucre- fueron coordinados y no fortuitos.

Incluso, Chiriboga dio a conocer que se trabaja en una pericia para identificar a las personas que negociaban ciertas condiciones con el presidente Rafael Correa, en el hospital de la Policía Nacional de Quito, para poner fin al conflicto.

La semana pasada, Jiménez y su exasesor, Fernando Villavicencio, fueron llamados a juicio por supuesta divulgación de documentos protegidos. Ahí se dictó la orden de prisión preventiva, la misma que se podría hacer efectiva en los próximos días, una vez que se entregue la resolución por escrito. CRR