En conocimiento de la acusación de la Fiscalía al vicepresidente Glas, Expreso tituló ayer: la Justicia gana a la política en el comprometido caso Glas.

En efecto, aunque existen abundantes motivos para proceder al enjuiciamiento político del vicepresidente por parte de la Asamblea Legislativa, su bloque mayoritario ha venido dilatando el así actuar, bloqueando el inicio del proceso en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), donde también cuenta con mayoría.

Es de esperar que dada la decisión de la Fiscalía y existiendo elementos de convicción en otros casos, tal cual el denominado Caminosca, que involucran al vicepresidente, no se siga obstaculizando el imperativo juicio político que impulsan los legisladores de oposición e incluso algunos pertenecientes a Alianza PAIS.

En lo de fondo, cabe señalar que lo actuado por la Fiscalía llena, a medias, un anhelado esfuerzo nacional para tratar de impedir que sigan predominando las señales de que en el Ecuador reina la impunidad.

Y no es plenamente satisfactorio lo hasta ahora cumplido, puesto que en opinión de distinguidos juristas el tipo penal con el que se lleva adelante la acusación, asociación ilícita, no corresponde a la dimensión de los delitos, que más bien tienen que ver con peculado o con delincuencia organizada. Bastaría para sustentarlo que los actos delincuenciales se dan en un marco internacional donde se mezcla la política al más alto nivel (involucra a expresidentes de diversas repúblicas), con empresas transnacionales y fuentes de financiamiento de diversos países.

En cualquier caso, el juicio recién iniciado es uno de los muchos que, todo hace suponerlo, deberá seguir enfrentando el vicepresidente Glas, dada la magnitud de las denuncias que sobre su manejo de las áreas estratégicas se han acumulado.

Obviamente, quienes insisten en manifestar que no se ha probado nada que demuestre su culpabilidad, tratarán de obstruir el avance del esclarecimiento de los hechos y su sanción argumentando defectos procesales pero, pareciera que la Fiscalía no está dispuesta a permitirlo.

Queda ahora observar, con ánimo vigilante, estos indicios de voluntad de dar paso al juzgamiento de quienes protagonizaron uno de los períodos gubernamentales más corruptos de la historia del Ecuador: la década infame.