En instancias superiores se definiría el proceso que, por el presunto delito de tráfico de influencias, se sigue en contra de exfuncionarios y proveedores de la Prefectura del Guayas, investigados tras la adquisición de insumos para contrarrestar el contagio de la COVID-19, en la provincia.

La Fiscalía General del Estado apeló la decisión del presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Alfonso Ordeñana, quien dictó sobreseimiento a favor de los seis procesados que quedaban en el bullado caso, en el que fue implicado el exprefecto Carlos Luis Morales, quien murió días después de ser procesado.

Fuentes de la Corte indicaron que la resolución fue motivada, sobre la base de principios y en aplicación de la ley y la Constitución.

Ordeñana sostuvo que no existieron los elementos de convicción suficientes para acoger el dictamen acusatorio que presentó la fiscal de Manabí, Karla Vélez Vélez, quien continuó con la investigación que inició tras un video que circuló en redes sociales del “favor” que habría hecho un hombre de 76 años, para gerenciar una empresa con la cual supuestamente contrató la Prefectura, administrada en ese entonces por el fallecido Morales.

La decisión se tomó en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, desarrollada el pasado lunes 14 de diciembre de 2020, y donde la fiscal expuso el resultado de la investigación que se abrió en contra de un total de 17 personas, cinco de las cuales ya fueron absueltas tras un dictamen abstentivo que presentó Vélez, entre ellas, la esposa de Morales y un hijo de ella. Los otros cinco fueron desvinculados antes de que finalice la instrucción fiscal. Se dejó la puerta abierta para que se inicie una investigación, pero sin fuero de Corte.

“Los elementos presentados por la Fiscalía no son suficientes y necesarios” para llamarlos a juicio, porque no conducen a conclusiones razonadamente unívocas de que estas personas hayan ejercido el tráfico de influencias. “Ellos no tenían el rango de jerarquía superior, no se determinó que ellos dispusieron que se haga el contrato”, explicó el presidente de la Corte del Guayas.

Entre los investigados está Francisco Velásquez Castro, de 76 años, quien aparecía como gerente de la compañía Zerasamiz S. A. que firmó un contrato con la Prefectura del Guayas por un valor de 90.000 dólares para entregar una proyección estadística a través de muestreo aleatorio de tomas de pruebas rápidas COVID-19. No obstante, según se indicó, de él no existe ni un solo documento que haya firmado, ni un documento de prueba.

Con la resolución por escrito, la Fiscalía tiene tres días para presentar la apelación a la decisión que tomó Ordeñana, por lo que el caso pasaría a jueces de la Sala Penal de la Corte del Guayas, quienes tienen la última palabra.