La contundencia con la que se inició una investigación que involucraba al exprefecto Carlos Luis Morales, en un presunto tráfico de influencias en la Prefectura del Guayas, de a poco ‘desfallece’ tras su muerte.

Con cinco procesados absueltos, otros cinco desvinculados, el caso sigue pendiente y a la espera de qué pasará en la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio con lo que queda de los demás imputados.

La diligencia será retomada este 1 de diciembre de 2020, tras suspenderse el pasado 11 de noviembre, luego de la resolución que emitió el presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Alfonso Ordeñana, al desvincular del caso a otras cinco personas que habían sido imputadas cinco días antes de cerrar la investigación.

Una semana atrás, el magistrado emitió sobreseimiento a favor de otros cinco procesados, entre ellos la esposa del fallecido prefecto, Sandra Arcos Astudillo, y su hijo Javier Alejandro Vélez Arcos. Se sustentó en el dictamen abstentivo que emitió la fiscal de Manabí, Karla Vélez, el 21 de octubre.

¿Qué hizo que la Fiscalía retroceda, cuando parecía tener los suficientes sustentos que motivaron hasta una orden de prisión en contra de la viuda de Morales?

Fueron los elementos de descargo que se obtuvieron durante la investigación fiscal los que dejaron fuera del caso a la familia de Morales. Entre esos elementos se resaltó la información obtenida de la página de la Superintendencia de Compañías relacionada con la empresa Imporfercorp S. A., constituida el 7 de octubre de 2006. Además de un informe remitido por la Dirección Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas, respecto del Reporte Tributario para Terceros del periodo comprendido entre los años 2015 y 2020 de los contribuyentes Zerasamiz S. A., Globalcompany S. A. e Imporfercorp S. A., de Sandra Arcos Astudillo y Mario Bolívar Mantillo Coello.

A eso se añadió un oficio remitido por Andrés Serrano Pazmiño, coordinador zonal 5 y 8 de la Secretaría Nacional de Contratación Pública, mediante el cual señala que se verificó en la base de datos que el proveedor Imporfercorp S. A. no posee registros de contratos con el Gobierno Provincial del Guayas en los periodos 2017-2018, 2018-2019 y de 2019 a la fecha. También se incluye un informe ejecutivo reservado de la Coordinación Técnica de Prevención, Análisis de Operaciones y Seguridad de la Información (UAFE) de los 18 investigados en el caso. Su contenido no se desglosa en el dictamen. Se incluyó al exprefecto Morales, cuya repentina muerte cerró la indagación y el proceso en su contra. El 10 de noviembre la decisión que sobreseyó a los cinco quedó ejecutoriada.

En su versión a la Fiscalía, Sandra Arcos aseguró que no realizó ningún contrato con la Prefectura. No era amiga de los funcionarios investigados. Que conocía de la denuncia que presentó Morales en contra de sus dos hijos, pues se lo decidió en el seno familiar “porque quería que se aclare lo que se decía en redes sociales” y que lo hizo por “la cantidad de persecución por un tema político en la Prefectura del Guayas, querían que él renuncie”.

Pero al no existir la persona o el funcionario que los llevó a esa instancia (Presidencia de la Corte de Justicia), por el fuero de Corte que existía, ¿cómo quedan los imputados que aún siguen en el caso? ¿O qué pasaría con los desvinculados?

Ya no serían juzgadas en ese nivel las cinco personas que fueron desvinculadas del proceso, entre ellas la que generó la investigación tras salir en un video comentando sobre el favor que había realizado a personal de la Prefectura del Guayas, para firmar un contrato en el que aparentemente lo colocaban como gerente de una empresa.

Aunque el presidente de la Corte dejó sin efecto el acto procesal mediante el cual la Fiscalía los vinculó el pasado 25 de septiembre, dejó abierta la puerta para que sean procesados, pero en primera instancia (juzgado), sin el fuero al que los arrastró Morales.

El detalle

Medidas. Los procesados que aún se mantienen en el caso cumplen medidas sustitutivas; entre ellas, presentaciones periódicas en la Corte del Guayas.

Proceso

Se mantiene competencia

Para los otros siete procesados que siguen en el caso (entre contratistas y exfuncionarios de la Prefectura), la Corte de Justicia del Guayas mantiene aún el fuero. Mañana, en la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía definirá su responsabilidad. La investigación se abrió tras un video subido a redes sociales, que llevó al allanamiento de las oficinas de la Prefectura del Guayas el pasado 27 de mayo, por la presunta adjudicación de contratos con empresas de familiares y amigos del fallecido prefecto, para la adquisición de insumos contra la COVID-19, aprovechando la emergencia sanitaria.

Morales entregó a la Fiscalía los 17 contratos que firmó desde que empezó la pandemia por el coronavirus. Además denunció a los dos hijos de su esposa. El 3 de junio de este año, el exprefecto se entregó a la justicia, que ya lo estaba persiguiendo con una orden de captura, pero quedó con medidas sustitutivas a la prisión.