Juicio a Ivonne Núñez: oficialismo y aliados no dieron paso a pedido en Fiscalización

El juicio político en contra de la ministra del Trabajo Ivonne Núñez no pasó de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Este 1 de mayo de 2025, el oficialismo y su aliados en esa mesa legislativa no dieron paso a la calificación de la solicitud presentada por cuatro legisladoras.

(No te pierdas: ¿Ministra del Trabajo irá a juicio político? Comisión de Fiscalización inicia trámite)

Esta tarde, la Comisión sesionó de forma virtual para resolver sobre el futuro del pedido de enjuiciamiento de Ivonne Núñez por un supuesto incumplimiento de funciones. 

Todo empezó con la lectura del informe del equipo asesor de la Comisión. Dicho informe señaló que la solicitud cumplía con los cuatro requisitos para dar paso a la calificación. Entre ellos estaban el número de firmas de respaldo necesario, el que Núñez esté dentro de lo establecido en la Constitución para ser enjuiciada por la Asamblea y la presentación del pedido a la presidenta del Legislativo, Viviana Veloz. 

Después de eso, la asambleísta del correísmo Sofía Espín mocionó la calificación de la solicitud pero esta no tuvo apoyo. Los legisladores Andrea González, Adriana García, Ramiro Vela, Lenín Rogel y César Umajinga votaron en contra. Solamente los cuatro asambleístas del correísmo votaron a favor.

Con esto, el proceso se quedó en la Comisión de Fiscalización y no avanzará al Pleno de la Asamblea para una resolución. Sobre el enjuiciamiento, Umajinga señaló que los juicios políticos no pueden ser usados como una herramienta de revancha política y también aseguró que el pedido no contaba con los requisitos jurídicos que lo sustenten.

¿Por qué se plantea el juicio político?

La solicitud fue presentada por cuatro asambleístas: Jhairen Noriega (correísmo), Carla Cruz (Partido Social Cristiano), Mariana Yumbay (Pachakutik) y Cristina Chávez, quien actuaba como independiente en el momento de la presentación.

El pedido surgió a raíz del caso de la vicepresidenta Verónica Abad. A finales de 2025, las asambleístas impulsaron la solicitud en medio de la pugna entre el presidente Daniel Noboa y Abad. La vicepresidenta, hoy también sancionada por violencia política de género, fue sujeto de un sumario administrativo iniciado por el Ministerio del Trabajo. El caso llegó a la justicia constitucional, en donde Abad logró anular la sanción tras una acción de protección.

Incluso la Corte Constitucional intervino, determinando que el sumario no era un mecanismo válido para sancionar a una autoridad elegida por voto popular.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!