Una juez federal bloquea parte del veto de Trump

Las movilizaciones continuaban ayer en EE. UU. ante la prohibición de entrada al país decretada por el presidente Donald Trump contra refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes, pese a una victoria parcial obtenida el sábado ante la justicia.

El decreto prohíbe el ingreso durante 120 días en Estados Unidos de todos los refugiados, sea cual sea su origen, y durante 90 días a ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

Aunque al principio parecía que la medida alcanzaba también a quienes poseen permisos de residencia permanente (‘green card’), el secretario general de la Casa Blanca, Reince Priebus, precisó ayer que “no les afectaba”, aunque podrían ser interrogados en profundidad a su llegada al país.

Según el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, “109 personas” pasaron desde el viernes por procedimientos de control reforzados al llegar al país, y solo “una veintena” permanecerían detenidos ayer.

La confusión reina en los aeropuertos de EE. UU., donde los agentes de inmigración no tienen directivas claras. Cientos de personas se manifiestan contra el decreto en las terminales aéreas de Nueva York, San Francisco, Dallas o Seattle. También frente a la Casa Blanca, en Washington.

El sábado en la noche, Ann Donnelly, una jueza federal de Nueva York, a demanda de asociaciones de defensa de derechos humanos tras la detención de dos iraquíes, prohibió deportar a los detenidos en todos los aeropuertos que hubieran arribado con su documentación en regla. Pero el decreto rige en el resto del mundo, y las aerolíneas rehúsan embarcar a los ciudadanos de los siete países en cuestión, aunque posean una visa en regla.

Irán es uno de los países más afectados por la gran cantidad de iraníes que tienen visas de trabajo o de estudios de Estados Unidos. Teherán, en respuesta, instauró medidas similares contra los estadounidenses, pero permitirá la entrada de los que ya contaban con visas de la república islámica.

Las oleadas de indignación atraviesan el mundo musulmán, y la Liga Árabe denunció ayer como “restricciones injustificadas” las prohibiciones. Líderes europeos se sumaron a las críticas (ver gráfico).

Mientras la oposición demócrata pidió que se retire el decreto por ser “contrario a los valores de EE. UU. y su ineficacia en la lucha antiterrorista”, pocos legisladores republicanos defendieron la resolución.

“Los tribunales juzgarán si ha ido demasiado lejos”, comentó con prudencia ayer Mitch McConnell, jefe de la mayoría del Senado.

Será en efecto ante la justicia donde se decidirá la suerte del decreto. El fallo de urgencia dictado por Donnelly se añadió a otros tres que bloquean las expulsiones, si bien ninguno hace referencia a la constitucionalidad o no de la decisión.

“Esto acabará probablemente ante el Tribunal Supremo”, predijo Anthony Romero, de la Unión estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).