Todo lo que se juega en las urnas

Si madrugó para ir a votar, probablemente leerá estas líneas cuando ya haya tomado la decisión sobre el futuro que usted quiere para la política local y provincial. Si no, este texto pretende aclarar cómo seguir los resultados y por qué esta llamada a las urnas tiene un ingrediente adicional que eleva la trascendencia de unas elecciones seccionales precedidas por la indecisión del ciudadano y la imprecisión de las autoridades a la hora de despejar el panorama de dudas.

Estos son los comicios más difíciles de interpretar por dos razones: han proliferado una cantidad ingente de candidatos para cada dignidad, aprovechando que es la primera convocatoria electoral sin grandes figuras consolidadas en las papeletas. Se va el alcalde Jaime Nebot cerrando un ciclo de incuestionado socialcristianismo en Guayaquil. Pero también se acude a votar sin un referente de política nacional tras la fractura del partido que dominó en la última década. Con más de 10 candidatos para alcaldías de peso, como la de Guayaquil o Quito, el ciudadano ha remado durante el mes de campaña electoral y encuestas en un mar de indecisión.

Pero no es el único aspecto ni el más complicado que han tenido que enfrentar los ecuatorianos hasta llegar hoy a la urna con 6-7 papeletas que rellenar y sin una idea clara de qué marcar. Hay tres de ellas que han sido el quebradero de las autoridades electorales, de los actores políticos y, en última instancia, de la confusión ciudadana. La elección del Consejo de Participación Ciudadana se ha manejado de tal forma que no se tiene claro quiénes son y qué defienden cada uno de los 43 postulantes que deben surgir de las tres papeletas -una para elegir tres hombres, otra para tres mujeres y una tercera para pueblos y nacionalidades indígenas- con las que se definirán los siete miembros y siete suplentes del ente. Tampoco se sabía hasta ayer cómo se contarán los votos y si esa incertidumbre conducirá finalmente hacia un borrón que anule la voluntad electoral individual.

El Consejo Nacional Electoral no dio una respuesta definitiva al peso que tendrán los votos nulos hasta un día antes de las elecciones, pese a que esa opción -la del voto nulo- es la única campaña que ha proliferado respecto al CPCCS, aprovechando una laguna en la regulación electoral.

Dado que ninguna organización política podía pedir el voto para algunos de los postulantes a Participación y ninguno de los candidatos podía vincularse políticamente a los movimientos como forma de promoción, lo único que se ha fomentado con trascendencia ha sido el voto nulo. Los 43 candidatos tenían un espacio escaso de promoción que ha resultado infructuoso para darse a conocer.

Pero no es por desconocimiento, casualidad ni por confusión que se ha promovido la anulación del voto contra los aspirantes al ente. Es el rol que ostenta ese organismo el que se pretende aplacar con las papeletas inválidas.

La elección a Participación será la última en el recuento de votos, pero es la primera en trascendencia nacional. El Consejo de Participación es un ente creado por el Gobierno de Rafael Correa con atribuciones que, dependiendo en quién recaigan, pueden acechar a la estabilidad del sistema. Fue constituido como un quinto poder para que ejerza la función de Transparencia y Control Social. Dicho de otra manera, son los encargados de determinar qué tan efectivo será el sistema de control nacional, pues tiene dos atribuciones específicas: la lucha anticorrupción y el nombramiento de autoridades de control.

Esta entidad es la encargada de designar a la primera autoridad de la Contraloría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública; a los miembros de Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y Consejo de la Judicatura.

Cuando se creó el organismo, sus integrantes eran designados por concurso de oposición y méritos que realizaba el Consejo Nacional Electoral (CNE) de las ternas que enviaban las cinco funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Transparencia y Electoral. Pero la experiencia de los últimos diez años ha sido tan cuestionada que, tras una consulta popular, se decidió retirar a los miembros anteriores, designar unos provisionales y encargar a los ciudadanos directamente que elijan a quiénes deben asumir esa gran responsabilidad y facultad.

Llegada la hora de la elección, han brotado iniciativas para suspenderla, para deslegitimarla o para limitar sus facultades. Ha llegado hasta la Corte Constitucional.

Es, por eso, por la trascendencia que tiene la renovación del organismo, que establece mecanismos y políticas anticorrupción e investiga casos que afecten a la participación ciudadana, que el ciudadano debería acudir a las urnas con claridad sobre su intención de voto. Con certeza sobre quiénes son los postulantes, cuál es su historial y si tienen afinidades o nexos políticos. Por considerar que esta condición no ha quedado garantizada en el proceso electoral, se presentó una acción de inconstitucionalidad por omisión ante la Corte con la petición de medidas cautelares. El máximo intérprete de la Constitución decidió que las elecciones no se iban a suspender, pero está pendiente de resolver el fondo del asunto: si se dieron las condiciones adecuadas de promoción e información ciudadana.

Al albor de esta iniciativa, resurgieron las voces que pedían, directamente, la eliminación de Participación, ya sea antes o después de la votación. Algo que ya había planteado el propio Consejo de Participación encargado y que, en las últimas semanas, se retomó en la Asamblea.

In extremis, ante la indecisión del CNE sobre si se modificará la forma de contabilizar el voto nulo, otra iniciativa particular propuso al Tribunal Contencioso Electoral que declare la nulidad de la elección. El TCE, que tenía en su mano la petición del CNE de decidir cómo se contarán hoy los votos nulos, rechazó ambas acciones. Ni suspendió la votación de hoy para el CPCCS por el riesgo de que se renueve un ente sin legitimidad ni definió la metodología del recuento.

El CNE asumió entonces, de nuevo, el asunto y ayer apostó por la fórmula tradicional. Ante la falta de acuerdos y mayorías para cambiar los cálculos y adoptar opciones que darían siete votos nulos, o uno solo o tres, el Consejo Nacional Electoral se inclinó por aplicar el Código de la Democracia y considerar que una papeleta anulada será un voto nulo. Por tanto, si alguien rechaza la elección podrá, como mucho, contar como tres votos nulos (uno por la papeleta de hombres, uno por la de mujeres y otro por la de pueblos y nacionalidades indígenas).

Si el número de votos nulos supera al de válidos, la elección pasará al Tribunal Contencioso Electoral.