Entre 2019 y 2021, al menos 32 jueces solicitaron seguridad individual que el Consejo de la Judicatura dice ha sido gestionada con el Ministerio de Gobierno, hoy cartera del Interior.

¿La razón? Amenazas relacionadas con los casos que llegaban a su conocimiento. Cartas, llamadas telefónicas, mensajes por terceras personas, ramos de flores, animales muertos son, entre otros, los mecanismos para amedrentar no solo a jueces y fiscales, sino a agentes investigadores.

Las sospechas apuntan a las bandas criminales que luchan por dominar los territorios para la venta de droga en provincias como Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos y Esmeraldas, según la información oficial.

Uno de esos hechos intimidantes se dio la semana pasada en Esmeraldas durante una audiencia telemática, en la que se anunció la resolución en contra de miembros Los Tiguerones.

Tres de sus miembros fueron sentenciados a 34 años y seis meses por un asesinato ocurrido en septiembre de 2021 en Puerto Limón, en Esmeraldas. Antes que la diligencia concluya, uno de los jueces, tras aclarar que la condena era de 34 años y ocho meses, denunció que “he recibido una advertencia de parte de ellos, haciendo creer que con eso van a poder intimidarme, les contesto que yo no copio ese tipo de amenazas”, se recoge en el acta de la audiencia.

También recibieron amenazas el fiscal y los miembros de la Dirección de Muertes Violentas (Dinased) de la Policía.

La exfiscal Gina Gómez de la Torre tuvo cuatro años de seguridad policial por los eventos que le tocó afrontar mientras investigó el caso del narcotraficante Óscar Caranqui.

“A mí me zafaron la llanta del carro, le quitaron todas las tuercas y dejaron una zafada. El día de la versión de la gente de Caranqui. Me mandaron un ramo de flores de cementerio diciendo en una tarjeta sentido pésame por la muerte de la doctora... sus amigos del pabellón A”, recuerda.

Las amenazas no quedaron ahí. En la audiencia “me ofrecieron matar y cortar la lengua, y después llegaron cuatro sicarios a mi casa”, cuenta.

Por el mismo caso, a la fiscal Dora Mosquera, de Otavalo, cuatro días antes de la audiencia, le incendiaron el carro. Un juez fue secuestrado y torturado y luego liberado por el mismo delincuente que atentó contra la fiscal Mosquera. La actual jueza de la Corte de Pichincha, Patlova Guerra, aún tiene seguridad policial por ese caso, comenta la exfiscal, quien añade que el crimen organizado no tiene límites y al momento utiliza mucho el sicariato y está yendo más allá de jueces y fiscales, “están buscando crear terror en la población”, dice.

El exfiscal Fernando Lara cree que el tema es complicado. Pero opina que con la creación de los jueces especializados en crimen organizado que alista la Judicatura “se soluciona ese problema, ya que tienen jurisdicción nacional y estarían concentrados en Quito”.

Una fiscal que pidió la reserva de su nombre señala que uno de los mecanismos podría ser tener una protección real, no solo al juez o fiscal, sino a su entorno familiar, para que los funcionarios sepan que están resguardados. “Debe haber una política pública de seguridad amparada en recursos, caso contrario los funcionarios están en riesgo”, opina.

Para un exfiscal general que pidió que su nombre no se mencione, el tema de la seguridad de jueces y fiscales es una cuestión estructural que en los países más desarrollados se ha solucionado de forma amplia: seguridad física, seguridad electrónica, etc.

Afirma que en todos los casos lo que debe operar adecuadamente es un sistema de inteligencia antidelincuencial robusto que permita tener alertas y análisis de riesgos para cada uno de los jueces y fiscales que conocen casos delicados. 

El detalle

Documento. En abril la Judicatura aprobó un instructivo de seguridad individual para los judiciales.