El operativo antidrogas ‘Sol Naciente’, cumplido hace un mes, no solo dejó la incautación de 12 millones de dólares, 11 detenidos, 20 allanamientos, tres armas de fuego y ocho vehículos retenidos. También hay una lista de pendientes sin solución a la vista.

Mientras las investigaciones avanzan también las complicaciones. Fuentes de la Fiscalía indicaron a EXPRESO que al menos “tres fiscales están amenazados”. Los miembros de la organización delictiva ubicaron sus domicilios e hicieron sus perfiles. La información se obtuvo a través de una escucha telefónica.

El operativo ‘Sol Naciente’ fue consecuencia de otro cumplido en Colombia. Ahí se capturó a Washington Prado alias ‘Gerald’, el pescador ecuatoriano comparado por las autoridades colombianas con el fallecido capo de la droga Pablo Escobar.

A ‘Gerald’ se le atribuye la autoría de las muertes de fiscales, jueces y policías debido a que supuestamente disponía “ajustes de cuentas a través de grupos armados”. Su disposición también era perseguirlos.

Los 12 millones de dólares provenían del tráfico ilegal de droga colombiana que se enviaba a Centroamérica y Estados Unidos a través de lanchas rápidas, según la Fiscalía. Primero el alcaloide se acopiaba en Guayas y Manabí.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, reconoció que los fiscales y jueces necesitan reforzar su seguridad, debido a que toman casos muy complicados y pueden ser objeto de amenazas.

Según Jalkh, la mejor manera de contrarrestar eso es dándoles protección y seguridad como primera medida. Pero con el apoyo también vino la advertencia: “Un fiscal o un juez no puede justificar su mala actuación diciendo que ha sido amenazado. Eso es perder la independencia y un juez tiene que ser independiente”, señaló.

Jalkh se refiere a casos denunciados en Manabí durante el último encuentro de la denominada Mesa de Justicia. Tres casos están en investigación.

El funcionario señaló que si esa amenaza es real se verifica y se da la protección pertinente, pero si el fiscal o juez ha perdido condiciones para ejercer su labor “debe separarse de la institución o del caso en particular. Todo dependerá de la problemática”.

En Ibarra también hubo una fiscal que recibió custodia policial por sus investigaciones en el caso del narcotraficante Óscar Caranqui, fallecido en 2013.

Lo mismo le ocurrió a una jueza de la Corte Superior de Quito. En ese caso, su secretaria fue asesinada cerca de esa judicatura. MCV