Judicializacion de la politica

El pasado miércoles, con la inauguración de la simbólica Mesa de la Verdad y Justicia creada por el Consejo de la Judicatura Transitorio (CJ), para recibir las denuncias de los casos en que supuestamente existieron abusos de la justicia por injerencia del Ejecutivo durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, dio comienzo oficial la carrera de judicialización de la campaña anticorreísta emprendida esta vez por el presidente del CJ, Marcelo Merlo, exactivista político de la era del expresidente León Febres-Cordero, a quien probablemente recuerda cuando endilga a Correa el haber asumido la famosa frase del monarca Luis XXIV “El Estado soy yo”. Esta frase suena más verosímil en boca del líder socialcristiano mientras este ejercía la primera magistratura -pues llegó a decirse que “en el país no se movía una hoja sin su conocimiento”-, que en la del líder progresista del socialismo del siglo XXI, que gobernó el país en la década 2007- 2017. No obstante, Marcelo Merlo, desde su óptica de presidente del CJ transitorio, en la época actual dominada por los poderes de excepción de que gozan organismos transitorios designados por este gobierno, opina que el expresidente Correa “debe ser juzgado por la responsabilidad política de su intervención en todas las funciones del Estado”, atreviéndose a sostener aun que durante 10 años el exmandatario daba órdenes en el sistema de justicia y que si un juez o fiscal no aceptaba, lo botaba. Es evidente entonces que tratando de documentar tamaña aseveración, Merlo inste a la ciudadanía a que se presente ante el CJ y denuncie los casos en que hubo supuesta persecución política. El objetivo inmediato sería, tras la investigación del caso, establecer si en verdad hubo persecución política y entonces identificar a los responsables, jueces y fiscales, y hacer recomendaciones para que se indemnice o repare a las víctimas y afectados, y se sanciones a los malos funcionarios involucrados, lo que implica también en concordancia, exigir ante la Asamblea Nacional las reformas legales que fueren necesarias. El asunto, como en todos los que está en juego el equilibrio de una resolución justa, es grave y deberá enfrentarse con sapiencia y respeto. ¿Tendremos en verdad la capacidad y el respaldo moral que se imponen para hacerlo?