El Consejo de la Judicatura eliminó ayer —28 de mayo de 2019— la facultad que tenía la Fiscalía de conceder o negar comisiones de servicio a los funcionarios de la institución. Además de la Fiscalía, la resolución alcanza a la Defensoría Pública General. La resolución es la 068-2019 del Consejo de la Judicatura que solo pasadas las 16:00 fue ingresada en las resoluciones del pleno, publicadas en la página web de la institución.

El documento dice como artículo único “asumir como autoridad nominadora en forma exclusiva y excluyente la potestad legal para autorizar y dar por terminadas las comisiones de servicios con y sin remuneración en favor de los judiciales de todas las carreras de la Función Judicial”.

La decisión provocó malestar en la fiscal General Diana Salazar que este 29 de mayo, a las 13:26 ingresó un pedido de audiencia dirigido a la presidenta de la Judicatura María del Carmen Maldonado. La resolución, explicó la fiscal en su solicitud de audiencia “constituye un limitante más a la ya mermada autonomía”. Por eso Salazar solicita ser recibida por el pleno del organismo para exponer los fundamentos de orden legal y constitucional que sustentan la autonomía de la Fiscalía y agrega que “por razones viscerales ha sido soslayada lo que ha venido en el debilitamiento de la misma”.

La disposición general de la resolución es que la Dirección General y la de Talento Humano del Consejo, en el ámbito de sus competencias, ejecutarán el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Público para la concesión y terminación de las comisiones de servicios con o sin remuneración, otorgadas por el Pleno del Consejo.

Las comisiones que están vigentes se mantendrán y se derogan las normativas internas que se opongan al contenido de la resolución.