Juan Pablo Alban: “Los indicios apuntan a la existencia de una maquinaria compleja”

Juan Pablo Albán hizo un alto a su doctorado en la University of Notre Dame y volvió a Ecuador para integrar el Consejo de la Judicatura transitorio. Halló novedades.

- ¿Cómo encontró el Consejo?

En personal determinamos que en ciertas áreas hay exceso. Por ejemplo hay una dirección de estudios jurimétricos que hace estadísticas, tiene tres subdirecciones y todas hacen lo mismo, hay 27 funcionarios. Los problemas de talento humano no se limitan a eso, tiene también que ver con procesos de reclutamiento que no han sido necesariamente transparentes.

- ¿Cómo se determinó eso?

- Tenemos denuncias específicas que por supuesto hay que examinar y seguramente en algunos casos poner en conocimiento de la Fiscalía de venta de cuestionarios.

- ¿En qué concursos?

- Para aspirar a cargos dentro de la Función Judicial lo que guarda una relación con concursos que estaban en suspenso. Tenemos información de designaciones sin concurso que recaen en familiares de funcionarios que estaban aquí, conocidos de altos funcionarios del Consejo, etc. Hay un problema en la forma de reclutar al personal.

- ¿Qué pasa con los bienes?

- Estamos en un proceso de examen que seguramente en las próximas semanas debería involucrar a la Contraloría. Sí se ha detectado que parece haber irregularidades en ciertos procesos de contratación, sobreprecios en adquisición de ciertos bienes, sobreprecios, inclusive, en los pagos del justo precio en expropiaciones.

- ¿Qué otros problemas hay?

- Hemos identificado la forma en la que se ha venido utilizando el mecanismo disciplinario de manera ‘sospechosa’, aplicando las sanciones en muchas ocasiones y lo estamos constatando en los expedientes que suben al pleno para decisión. A partir de un correo electrónico, sin que mediara la denuncia de nadie, de oficio, con una frecuencia excesiva del empleo del error inexcusable, que por cierto legalmente no podía aplicar solo el Consejo, tenía que haber una previa determinación judicial; muchas de las destituciones son por faltas que ameritarían tal vez una suspensión y en muchos casos un llamado de atención, ahí hay un universo de personas perjudicadas.

- ¿Cuántos?

- Hasta ahora serían varios centenares en el país y digo perjudicados porque si algunos seguramente han incurrido en faltas que ameritan una destitución, sí hay funcionarios que han cometido faltas muy graves, gravísimas, pero si la ley exige que la calificación de la existencia de esa falta la haga un juez antes de abrir el proceso disciplinario y esa determinación judicial no existió antes, entonces la remoción de funciones fue ilegal.

- ¿Y si hay remoción ilegal no habría beneficio para otros?

- No hemos identificado aún esos casos en que el Consejo decidió mirar a otro lado. Si miramos la historia reciente del país nos daremos cuenta que el Poder Judicial fue usado varias veces como instrumento de persecución y de atropello de derechos y esos operadores de justicia habrán incurrido a efectos de garantizar esos resultados en faltas serias. No se trata de hacer una cacería de brujas, lo que queremos es documentar qué ocurría, recibir denuncias, ir documentando qué ha pasado, hacer investigaciones, identificar si hubo inconductas y en qué medida obedecen a presiones, porque más allá de las faltas en las que puedan haber incurrido los operadores, si actuaron coaccionados, por lo menos desde el punto de vista de la responsabilidad penal, esta se desplaza a los que presionaron.

- ¿Y eso cómo se determina?

- En el contexto de las investigaciones que llevaremos adelante, escuchando las declaraciones de quienes hubieran incurrido en eventuales faltas.

- ¿Llamarán a la Contraloría?

- Todavía estamos tratando de identificar los nudos críticos en donde pudieran haber responsabilidades que es necesario que se declaren formalmente y cuando hayamos terminado el mapeo, tiene que decidirlo el Pleno, yo soy solo un vocal, pero seguramente en mi opinión deberíamos convocar a que la Contraloría investigue.

- ¿En qué áreas?

- Creo que hay que fiscalizarlo todo, no creo que podemos dejar área sin revisar porque sabemos que no ha habido un buen manejo, tendríamos que suponer que ese mal manejo se ha extendido a todos los ámbitos, pero tampoco podemos afirmar que hay responsabilidad en todos los espacios.

- ¿Y la relación con los jueces?

- Hemos tenido la ocasión de hablar con algunos jueces, creo que es crucial que les escuchemos porque el aparato de la administración de justicia tiene un protagonista: cortes y juzgados, no nosotros. La primera medida que tomamos para recuperar esta idea es disponer que se retire el logo y el lema del Consejo de instalaciones judiciales. Eso estaba atrás de la cabeza del juez enviando el mensaje subliminal de aquí manda el Consejo. Hay que diferenciar lo administrativo de lo jurisdiccional.

- ¿Eso se confundió?

- Creo que se confundió pero adrede, es decir una confusión intencionada para enviar el mensaje de que quien manejaba la Función es el Consejo pero no manejaba en el buen sentido de le compro los insumos y le facilito el trabajo, sino en el sentido que decidía por ella.

- ¿Pudo haber sentencias que salieron desde la Judicatura?

- Tenemos muchas denuncias y muchos indicios, no voy a hacer afirmaciones categóricas porque no me corresponde, pero sí tenemos indicios e información sobre irregularidades que implicarían el tráfico de influencias desde este Consejo para alterar el resultado de determinados procesos.

- Involucraba a Jalkh, los vocales, los directores, el pleno...

- Los indicios apuntan a la existencia de una maquinaria muy compleja que orquestaba esta presión sobre las autoridades judiciales en distintos niveles, inclusive una de las áreas que estamos pensando suprimir, tenía más o menos esta función de hacer “seguimientos” de los procesos judiciales.

- Era como de Inteligencia...

- Más o menos vendría a ser el resultado, tenía un nombre más bonito para que los ciudadanos no sospechen que estaba pasando pero es temprano, sería irresponsable de mi parte señalar a personas en particular porque además lo que tenemos por ahora son indicios.

- ¿Qué haría la Fiscalía?

- Seguramente es la Fiscalía la que tendrá responsabilidad de levantar la prueba dura sobre la ocurrencia de los eventos.

- ¿Limitar el poder del Consejo?

- Nosotros no tenemos nada que limitar lo que tenemos que hacer es lo que la ley dice y no excedernos no extralimitarnos.

- Qué harán con los concursos.

- No hemos determinado si vamos a reanudarlos, si se va a convocar nuevos, hay mucha gente que ha postulado y se va a sentir perjudicada, tenemos información de personas afectadas por la venta de cuestionarios, por ejemplo como garantizamos la transparencia de un concurso que se reanuda en un contexto en el que los cuestionarios estuvieron a la venta para favorecer a algunos.

- Eso fue en determinados concursos, o en todo...

- Tengo la sospecha que todo está viciado por todo lo que hemos estado viendo, tendremos que tomar una decisión buscando un punto intermedio en el que aquellos que ya están registrados puedan tener un prerregistro y mantenerse en el proceso de concurso en que cambiemos todos los cuestionarios y los bancos de preguntas y nadie con seguridades particulares en los sistemas informáticos y demás particularidades pueda alterar.