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Jose Carlos Ugaz Sanchez: “Los paises que ocultan la financiacion politica se condenan a la corrupcion”

El exprocurador general de Perú, José Carlos Ugaz Sánchez, lideró la investigación por corrupción contra el expresidente Alberto Fujimori. El país, hoy salpicado por Odebrecht, recuperó más de $ 300 millones en activos desviados. Una pauta que podría g

El exprocurador general de Perú, José Carlos Ugaz Sánchez, lideró la investigación por corrupción contra el expresidente Alberto Fujimori. El país, hoy salpicado por Odebrecht, recuperó más de $ 300 millones en activos desviados. Una pauta que podría guia

Como si la corrupción fuera un patrón que se repite en cada país, el exprocurador de Perú identifica para EXPRESO los rasgos de los gobiernos en los que proliferan los sobornos y el desvío de recursos públicos.

- Perú aprovechó un gobierno de transición para lanzar la lucha anticorrupción, ¿está Ecuador en un momento similar?

- La corrupción en América Latina no es un hecho episódico de un gobierno o unos funcionarios particularmente corruptos. Es histórica, estructural y sistémica. La solución viene con reformas también de fondo. En Perú, fui nombrado procurador especial anticorrupción por el presidente Alberto Fujimori para perseguir a Vladimiro Montesinos (su asesor de Inteligencia). El primer día, le abrimos una investigación al propio presidente, que luego huyó y renunció por fax.

- ¿Por qué el cambio de Gobierno condicionó el de Justicia?

- Entró un gobierno de transición con Valentín Paniagua, un presidente que estuvo a la altura de las necesidades del país. No es posible un proceso anticorrupción de éxito si no hay liderazgo al más alto nivel político para hacer reformas. Es lo que ocurre en Ecuador. El nuevo presidente Lenín Moreno ha abierto una ventana para que se rompa un ciclo de silencio e impunidad. Mire, el vicepresidente está en prisión y altos funcionarios investigados.

- Sin embargo, las autoridades no han conseguido zafarse de las suspicacias...

- Bueno, en nuestros países esa es la regla del juego. Todo el mundo sospecha de todos y nadie confía en nadie. No hay que ser incautos, pero tampoco excesivamente suspicaces, porque se cierra cualquier oportunidad de cambio. En el caso peruano, fíjese, que una Procuraduría creada por el propio Fujimori es la que lleva adelante la investigación contra él. Ahí, a la sociedad civil y al periodismo de investigación les toca la misión fundamental de supervisar y, si fuera el caso, denunciar.

- ¿Qué indicios podrían apuntar a que los avances en la investigación son carnada para la opinión pública pero sin llegar al fondo?

- Todo indica que en Ecuador, de momento, hay una renovada actitud de jueces y fiscales que está generando esos resultados. Hay que confiar, y también tener un ojo vigilante.

- Al fiscal general no dejan de reprocharle haber encausado a Glas solo por asociación ilícita, lo que dificulta la cooperación de Suiza y, además, que no aprovechara el preacuerdo con el Instituto suizo de Basilea que preparó su predecesor.

- Es importante lo que usted señala. Pero como ha habido un cambio de mando, también cambia la estrategia. Se tiene que revisar la independencia del Ministerio Público y del fiscal: si sus antecedentes lo avalan, si tiene una historia sospechosa... No es una buena señal que, habiendo una decisión previa de contactar con una asesoría especializada internacional como la del Basel Institute, decida encarpetar ese acuerdo, salvo que tenga una poderosa razón estratégica. Lamentablemente, estas decisiones no siempre pueden hacerse públicas. Así que la única forma de confirmar o descartar estas dudas es observando muy de cerca al fiscal.

- ¿Cómo se identifican las malas señales?

- Son mala señal las delaciones indebidas o investigaciones que no se focalizan en delitos que se ajusten a la realidad. Hay muchas formas de entorpecer y desviar una investigación.

- Al fiscal también le cuestionan que fue asesor del expresidente Rafael Correa. Pero es innegable que la investigación por Odebrecht avanzó con su administración. ¿Qué tiene más peso?

- La gente cambia. Si ha habido avances y ha logrado en un corto plazo más que la gestión anterior, hay que darle el beneficio de la duda sin dejar, por supuesto, de observar.

- La corrupción penetró hasta en quienes deberían controlar que no haya irregularidades. ¿Cómo blindar a esas autoridades para que no se corrompan?

- Con la máxima transparencia. Para la Contraloría, además, hay que seleccionar cuadros técnicos que sean eficientes y no estén vinculados al pasado para que no haya encubrimiento. Una vez seleccionadas las autoridades, dotarlas de recursos y que haya la voluntad política para que actúen sin interferencias y, en el caso de haberlas, que existan mecanismos para denunciarlo.

- Odebrecht financió campañas políticas, pero en Ecuador, esa información es reservada.

- Esa es una pésima regulación. La corrupción llega a través de la clase política. El caso Lava Jato tiene tres características que se repiten como un patrón en los 12 países. Primero, financiaron a los candidatos con más opciones para ganarse su favor y así lograron penetrar en la clase política. La segunda, el pago de sobornos y sobrevaloración de las grandes obras. Con esos excedentes, hacían caja para volver a pagar sobornos y así. Tercero, usaron capas de empresas offshore para movilizar esos recursos. De las tres, la esencial, la que estaba en la base de la trama corrupta es la penetración en la clase política. Los países que restringen la transparencia sobre los financiadores de campañas, están condenándose a sí mismos a mantener el esquema de corrupción.

- Pero el vicepresidente dice que todo es una conspiración en su contra.

- Es una lástima que los corruptos, así como tienen mucho ingenio para generar una trama de corrupción, no lo tengan para defenderse. No hay uno que no diga que es víctima de persecución política. Lo decía Ricardo Martinelli en Panamá, Antonio Saca en El Salvador, Ollanta Humala y Alejandro Toledo aquí en Perú... A estas alturas, resulta francamente ridículo.

- ¿Cómo desechar ese argumento jurídicamente?

- Eso se rebate muy fácilmente con la evidencia. No se cuenta solo con la declaración de los brasileños. La tesis conspirativa del señor Glas se cae en dos segundos recopilando evidencias, documentos y testimonios.

- Glas también está muy seguro de que nadie encontrará un centavo mal habido en sus cuentas. ¿Cómo probar si tuvo testaferro?

- Ese argumento defensivo es una falacia: como no tengo dinero en mi cuenta, quiere decir que no he robado. Esto no es un homicidio donde hace falta el cadáver. Los delitos de corrupción implican movimientos económicos y violación de deberes en la Administración Pública. Basta con demostrar que ha incurrido en los elementos básicos de la norma penal.

- ¿Cómo?

- Por ejemplo, que ha habido un acuerdo con la parte privada o una desviación o apropiación de recursos del erario público. Pero, no por el hecho de que no se encuentren los fondos, se exonera a alguien de responsabilidad penal en delitos de corrupción. Nuevamente, el caso de Fujimori: no se le encontró una sola cuenta. Parece que lo ocultó bien o lo tenía con terceras personas. Hasta el día de hoy, condenado a 25 años de prisión, dice que es inocente porque no le han encontrado dinero. Sin embargo, existen innumerables testimonios de personas muy cercanas que hablan de maletas en efectivo en el palacio de Gobierno y de cómo se retiró dinero del presupuesto para Defensa para pagar a Montesinos.

- Con esquemas tan complejos, ¿hay que resignarse a no recuperar todo el dinero?

- No, hoy existen muchísimas herramientas que no existían en el año 2000 cuando Perú inició su investigación y, sin embargo, en 14 meses, recuperamos $ 75 millones. Ya son $ 350 millones. El caso peruano es exitoso. Quizás no volvió todo el dinero que se llevaron, pero con multas y responsabilidad civil se puede hasta superar ese monto. Ahora hay herramientas como la Convención de Naciones Unidas, la Convención Interamericana, incluso el Banco Mundial y la OCDE tienen mecanismos para ayudar a los países. Además, hay un cambio de actitud en Suiza y Panamá, debido a la presión, para devolver el dinero o congelar cuentas.