Millón y medio de turistas confluyen anualmente en el castillo de Windsor, ubicado apenas a 25 minutos en tren desde Londres, pero ninguno encuentra acomodo en el recinto para rematar la visita con el placer de un buen café o un té. A no ser que acuda a un precario chiringuito y se lo tome de pie. Este inconveniente va a cambiar gracias a la decisión de Isabel II de remodelar la que ha sido residencia de los reyes ingleses durante un milenio, en lo que sus asesores califican de “regalo a la nación” por parte de la soberana con ocasión de su inminente 90 cumpleaños. La inversión de 37 millones de libras (unos 40 millones de euros) afecta también al palacio de Holyrood, sede oficial de la monarca cuando se instala en Escocia, pero el grueso del presupuesto se destinará a crear una imagen más acogedora y accesible a las instalaciones de Windsor.

El proyecto implica la primicia de la instalación de una cafetería y restaurante en una de las alas que data del siglo XIV, además de la apertura de nuevos espacios y accesos para el público, que también incluirán un centro educativo en el corazón de la fortaleza. Los trabajos comenzarán en ambos sitios en 2017 y deben estar finalizados finales de 2018, el dinero lo aportará la Royal Collection Trust.

Dar su aprobación a nuevos gastos no es el fuerte de una soberana con fama de tacaña, pero los nuevos tiempos han convencido a los medios reales sobre la necesidad de acometer reformas en uno de los destinos preferidos por el turismo. Esto es, invertir para multiplicar los réditos. La apertura del londinense palacio de Buckingham en los meses de verano se ha traducido en un enorme éxito cuyos ingresos dan ahora alas para invertir en otras instalaciones reales necesitadas de un lavado de cara.

Además, el dispendio para renovar el castillo de Windsor ambiciona borrar definitivamente uno de los episodios más críticos en el reinado de Isabel: a raíz de un incendio que se declaró en el recinto en 1992, la reina pretendió que la reconstrucción de las secciones dañadas fueran sufragadas con el dinero de los contribuyentes. La agria reacción del público —en plena era de escándalos que acabaría traduciéndose en los divorcios de sus hijos Carlos y Andrés— se volvió finalmente en contra de la reina, quien desde entonces abona el impuesto sobre la renta al igual que cualquiera de sus súbditos.

El anuncio precede además a los fastos que celebrarán un aniversario muy especial para esta soberana en plena forma, nonagenaria a partir del 21 de abril, aunque el grueso de los actos oficiales se concentren en el mes de junio, como manda la tradición.