La investigacion del estero apunta a varias empresas

Puede ser un paso decisivo, que marque la diferencia respecto a otras investigaciones anteriores. La Defensoría del Pueblo pretende identificar a quienes, según la Escuela Politécnica del Litoral (Espol), el Ministerio del Ambiente (MAE) y los moradores de la Kennedy, arrojan sus “aguas servidas y efluentes industriales y domésticos” en el tramo del estero Salado que discurre entre la ciudadela y Urdesa.

Pero, además, desea aprovechar esta ocasión para ampliar las pesquisas al resto del brazo de mar y poder diseñar así un plan de recuperación a largo plazo, sostenible y definitivo.

“No vamos a abordar solo una parte. Quizás también haya agentes contaminantes desconocidos, que llegan desde sectores lejanos por los canales, las corrientes y las redes. Necesitamos un diagnóstico exhaustivo”, anuncia a EXPRESO la coordinadora de la Defensoría del Pueblo en la zona 8, Zaida Rovira.

Tres son los problemas que recoge la denuncia presentada por el comité vecinal de la Kennedy ante la institución en 2014, que originó el proceso y está pendiente de resolución: la retirada por parte del MAE de dos máquinas de superoxigenación, que según los dirigentes barriales hizo regresar la contaminación y los olores nauseabundos provocados por el ácido sulfhídrico, el más letal de los gases naturales; los “vertidos de empresas y aguas servidas”; y el “necesario” cierre de las esclusas de Urdenor para conducir los residuos acumulados a la planta de Samanes.

Tras siete años de lucha, los residentes, como ya relató este Diario, se habían rendido por la “falta de apoyo” del MAE y el Municipio, a los que culpaban de “pasarse la bola uno a otro”. Ahora, sin embargo, se abre una nueva puerta para ver cumplida su meta.

En una entrevista publicada ayer por EXPRESO, Rovira reconoció que ninguno de los informes entregados hasta ahora por las partes (MAE, Cabildo, Emapag-EP e Interagua) especificaba los nombres de las compañías y viviendas que podrían estar detrás de estas prácticas tan destructivas.

Así que ha dictado una providencia que ayudaría a poner rostro al desastre. Por un lado, solicita al Cabildo, Emapag-EP e Interagua que, en los próximos ocho días, le precisen las acciones legales u obras “de cualquier índole” emprendidas para evitar las posibles descargas de siete compañías y una ciudadela, así como las llevadas a cabo con el objetivo de impedir las “tuberías clandestinas” y mitigar la contaminación asociada a este fenómeno. En ese mismo plazo, las empresas e inmuebles deberán aportar una copia certificada de sus planes de manejo de desechos. Técnicos independientes verificarán la documentación y los procedimientos utilizados.

Por último, pide al Municipio, Emapag-EP e Interagua que le proporcionen planos actualizados de los sistemas de alcantarillas sanitarias y pluviales y pone el expediente a disposición de todos los actores, a fin de que conozcan “cada” documento.

Ahora bien, Ilfn Florsheim, gerenta de Comunicación de Interagua, adujo que la concesionaria no ha recibido todavía la notificación. Cuando la tenga, “responderá lo pertinente”.

Aunque las resoluciones de la Defensoría no son jurídicamente vinculantes, Rovira remarca que la entidad “se ha ganado un espacio sumamente importante”; que los implicados “suelen cumplirlas”; y que, en caso contrario, puede llevar las causas a la justicia ordinaria: “La ley me permite solicitar todo tipo de información y obliga a las instituciones públicas y privadas a colaborar”.

“Vamos a llegar hasta el final”

Zaida Rovira apela a la colaboración ciudadana para conseguir información relevante de todo el Salado. Por eso se compromete a proteger las identidades de los confidentes: “Vamos a llegar hasta el final. Nunca iniciamos algo si no pretendemos terminarlo”.

Desde la audiencia, celebrada en 2015, “ninguna” de las instituciones implicadas le ha comunicado qué ha hecho para paliar la contaminación entre Urdesa y la Kennedy.

Un ecosistema “altamente contaminado y degradado”

EXPRESO accedió a un informe de la Escuela Politécnica del Litoral (Espol), tres del Ministerio del Ambiente (MAE), uno de Emapag-EP y otro del Municipio, que figuran en el expediente. Todos tienen al menos tres años de antigüedad. El primero concluyó que el tramo Urdesa-Kennedy es un área “altamente contaminada y degradada”, de escasa diversidad biológica. El MAE y el Cabildo se responsabilizaban mutuamente por la gestión del problema.

1. MERCURIO, ÁCIDOS Y FALTA DE OXÍGENO

La Espol constató niveles “extremadamente altos” de amoniaco; ácido sulfhídrico, causante del hedor a huevo podrido; bacterias coliformes (totales y fecales); y mercurio. Superaban de forma alarmante los fijados en el Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (Tulsma). Por eso, los índices de oxígeno disuelto eran muy inferiores a los marcados en la normativa (ver gráfico). El MAE encargó un análisis al Instituto Nacional de Pesca. Su valoración fue similar: las aguas presentaban un “alto grado de carga bacteriana” y “posiblemente” se encontraban en estado de hipoxia (oxígeno por debajo del 30 %). Más somera fue la de Emapag-EP, redactada tras una inspección de las partes sobre el terreno. Allí donde los vecinos daban por hecho un vertido de aceite, utilizó el término “podría”; donde avistaron “detergente”, no observó “nada que llamase la atención”. Y sobre la presencia de ácido sulfhídrico, destacó que no se había aportado documentación al respecto.

2. DESCARGAS SEVERAS Y AGUAS SERVIDAS

Para la universidad, el origen de la contaminación residía en “la severidad” de las descargas domésticas e industriales y “el continuo ingreso de aguas servidas”. En la misma línea, el MAE definía el problema como un asunto “esencialmente sanitario” que Interagua, concesionaria del sistema de aguas lluvias y residuales, debía “tratar de solucionar”. Emapag-EP no hizo referencia a las aguas fecales y dijo que la gestión de desechos (basuras, palos, etc.) correspondía a Puerto Limpio. Pero el abogado de Interagua, en la audiencia, negó la tesis de la Espol y el MAE: “No existen interconexiones de los sistemas de aguas lluvias y aguas servidas, es decir, no se están evacuando dichas aguas al estero”. El Municipio, finalmente, se limitó a recordar que la administración de planes ambientales en esa área protegida, tal y como recogen los acuerdos ministeriales, “corresponde a la Dirección Provincial del MAE, bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Biodiversidad y la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera”.

3. SUPEROXIGENACIÓN

Tras retirar las dos máquinas de superoxigenación en 2013, el MAE comunicó a los vecinos que implantaría un nuevo sistema cuatro meses después. Nunca lo hizo ni compartió con ellos las medidas adoptadas. En su análisis, la Espol subrayó que la emisión de ácido sulfhídrico había disminuido gracias a los equipos. Pero con la bajamar, uno de ellos estuvo expuesto al aire en muchas ocasiones, de modo que se perdió “una gran posibilidad de oxigenar el tramo”. Al mismo tiempo, admitía que resultaría “difícil” visualizar los efectos positivos de cualquier procedimiento si los desfogues no cesaban. Así que los expertos ofrecían una alternativa: eliminar las descargas y probar esta técnica “con los ajustes necesarios”. La propuesta, sin dar nombres, requería la participación del Cabildo y el MAE. Pero había varios escollos. El área de influencia de cada bomba no superaba los 40 metros y la entrada masiva de oxígeno podía “liberar” el mercurio como agente tóxico. Aunque reconoció algunos beneficios de las máquinas, el MAE se hizo eco de los argumentos contrarios esgrimidos por la Espol para justificar su decisión de no volver a colocarlas. También apuntó a su “alto costo económico”, cifrado en 420.000 dólares anuales por unidad. No mencionó, sin embargo, los fallos de funcionamiento, las opciones que los especialistas planteaban para optimizar el servicio ni por qué dejó a un lado a los vecinos. Emapag-EP simplemente indicó que la oxigenación era una tarea “de la empresa Proyecto Guayaquil Ecológico (del MAE)”. Y el Municipio, que durante la inspección se constató “la desinstalación” de las máquinas: “Esta entidad no ha emitido criterios o prestado colaboración”.

4. ESCLUSAS DE URDENOR

Los moradores habían recalcado que las esclusas de Urdenor acumulaban desechos, un extremo que fue confirmado por el MAE en la visita. Por el contrario, Emapag-EP resaltó que mantenían el “libre flujo” del canal. De modo que descartó la clausura exigida. “No es procedente por cuanto pertenecen al gran sistema de alcantarillado pluvial”, zanjó.