Descompuestos: así terminaron el independiente Roberto Gómez y la correísta Amapola Naranjo, proponentes del juicio político contra María Paula Romo, en la sesión de ayer de la Comisión de Fiscalización. La ministra de Gobierno acudió a presentar sus pruebas de descargo: rebatió las acusaciones, defendió la actuación de la Policía durante las protestas de octubre del año pasado y exasperó a sus interpelantes, que tuvieron cinco horas para replicar y repreguntar pero prefirieron dar discursos. Así les fue. La jornada concluyó con la clara sensación de que los cargos contra la ministra estaban mal fundados.

Romo se presentó, como ya es costumbre, rodeada del mando policial en un alarde de unidad de cuerpo. Decidió comparecer, vía Zoom, desde el salón de banquetes de Carondelet, y convocó a los medios nomás para que la vieran. Estaban también algunos de los policías heridos o secuestrados y varios ministros del gabinete (Jarrín, Roldán, Isch...). La puesta en escena incluía una pantalla gigante y un podio. A las ocho y cuarto estaba ya en uso de la palabra. Menos de una hora necesitó para echar los cargos por un tubo.

¿Gases lacrimógenos caducados? Sí, se utilizaron. Que no son nocivos para la salud, dijo la ministra: al contrario, pierden su efecto. Se respaldó en dos informes de los fabricantes: Santa Bárbara y la industria brasileña Cóndor. Estos gases se usaron porque la violencia social de octubre superó toda expectativa y las existencias de la Policía se agotaron. Fue una decisión del mando policial. “No -dijo Romo-, no se me informó de que las bombas estaban caducadas. No, no se me pidió permiso para usarlas. Pero si lo hubieran hecho, les habría autorizado. ¿Qué sugieren ustedes? ¿Que les ordenara disparar? ¿Que les dijera que se retiren a los cuarteles?”.

Lo de Roberto Gómez en este caso fue poco menos que desastroso: durante días ha venido citando un artículo de ley según el cual es una “falta grave” disponer el uso, por parte de la tropa de la Policía, de equipos, armas y demás materiales “en mal estado”. Resulta que tal artículo de ley corresponde al “Régimen Administrativo Disciplinario” de la Policía y no se aplica (no podría) a un ministro. Así se lo hizo notar Romo, desarmando su argumentación.

El segundo cargo se refiere al uso de bombas lacrimógenas en las universidades que servían como centros de refugio. Ocurrió el 9 de octubre. “Esa noche -recordó la ministra- pedí disculpas, dije que no se repetiría y no se repitió”. Lo que no aceptó es el vocabulario utilizado para describir este episodio: ataque, incursión, bombardeo... Insistió (lo hizo varias veces durante su comparecencia) en que no hubo una sola incursión, un solo allanamiento, un solo desalojo, ni siquiera en las gobernaciones (nueve en total) que habían sido ocupadas por los protestantes. Nadie la desmintió. No pudieron los interpelantes demostrar que las bombas lacrimógenas que cayeron en las universidades esa única noche obedecieran a una política de Estado de represión en los refugios.

La tercera acusación responsabiliza a la ministra de tardar más de la cuenta para convocar al Comité Interinstitucional de Protección a los Periodistas. Solamente lo hizo el 10 de octubre, cuando contaban ya seis días de agresiones. ¿Por qué? Porque convocar al comité no es una de sus funciones, según ella: “Es el secretario de Comunicación quien lo preside, no yo”, dijo.

Ante los descargos de la ministra, los interpelantes patinaron y se exasperaron. Amapola Naranjo se la pasó repitiendo las versiones de sus testigos: correístas, dirigentes indígenas del ala de los violentos, activistas de medios comunitarios partidarios del levantamiento... Los citaba como si fueran pruebas incontrovertibles, aunque no tuvieran relación alguna con los cargos. Hasta el último día, Naranjo dio la sensación de no enterarse de qué iba la cosa.

En cuanto a Gómez, desde el primer momento renunció a plantear preguntas significativas y eligió la infructuosa estrategia de repetir las pruebas de cargo como si no las hubiera expuesto ya. En dos ocasiones recibió llamados de atención para que fuera al grano, una del presidente Elio Peña y otra de la vicepresidenta, Noralma Zambrano. No bastó: Gómez continuó desbarrando. Habló de los fondos del Isspol, se refirió al hospital de Pedernales, dijo que la ministra incidía en la toma de decisiones judiciales... Todo esto en clave de alusiones veladas y sin relación alguna con el juicio.

Al final del día y por encima de las cuidadosas declaraciones de los asambleístas que pedían no interpretar esta interpelación como un juicio a la Policía, un mensaje político logró posicionar la ministra: “Lo que la Asamblea resuelva -dijo- será un mensaje para la Policía. Porque lo que hemos estado discutiendo durante toda la mañana ha sido la actuación de la Policía. Y esa Policía, mirémonos en el espejo de otros países, actuó de manera prudente”.

Una cosa es cierta: independientemente de lo que diga el expediente del juicio, la acusación que pesa sobre María Paula Romo es de abuso de la fuerza. Y lo que está en juego en este juicio es la interpretación de la Asamblea Nacional sobre los hechos de octubre del año pasado.

Cuesta eligió el bajo perfil

Lourdes Cuesta (antes en CREO y hoy candidata a la reelección por el Partido Social Cristiano) es la tercera de los asambleístas interpelantes. Sin embargo, pasó inadvertida. Faltó a casi todas las sesiones y ayer se limitó a plantear un puñado de preguntas (sobre el préstamo de material policial por parte de Colombia) que no llevaron a nada. Cinco minutos y salió del mapa.