Comisión. Owaldo Jarrín llevó dos videos para ilustrar el nivel de la violencia y los daños registrados durante el paro nacional de 11 días.

Insurgencia, el nombre del juego

“Estuvimos preparados para manejar la crisis, no la subversión. Ahora sí estamos preparados para eso”. Así describe el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, el escenario militar del posconflicto. Este jueves 14 de noviembre, él compareció ante la Comisión Parlamentaria que investiga el paro nacional, compartió alguna información estadística sobre las actividades desplegadas bajo su mando en esas fechas, y ofreció, prácticamente, una conferencia académica de cómo se enfrentan los conflictos internos.

Insurgencia: esa es la palabra que utiliza Jarrín para describir lo ocurrido entre el 3 y el 13 de octubre. Toda una reorganización de fuerzas y el establecimiento de nuevos comandos hizo falta para contener la cosa: medidas propias de una situación de guerra. Lo mismo que semanas atrás ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea, el ministro describió este jueves las estrategias militares utilizadas por manifestantes provistos con armas de fabricación casera: una primera fila de escudos fabricados en serie; una segunda de lanzadores, gente con petardos, con bazucas artesanales, con bombas molotov provistas de adherentes químicos para causar más daño; una tercera línea de comando. En conclusión: hubo preparación, planificación, estrategia.

Hombre sereno y calmado es el ministro. Sin embargo, hay un tema que a punto está de colmarle la paciencia: el decreto de estado de excepción en los territorios indígenas emitido por la Conaie el 5 de octubre, donde se establece pena de retención para los miembros de la fuerza pública. El asambleísta Jaime Olivos, de Pachakutik, hizo el intento de defenderlo, apelando al artículo primero de la Constitución, donde se establece el Estado plurinacional. No le fue bien. Así como el día martes Olivo se jactaba de que su compañero de organización Leonidas Iza había dado lecciones de economía, este jueves fue su turno de recibirlas, pero de teoría política.

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“El Ecuador es un solo estado”, dijo Jarrín, como si le molestara tener que repetirlo, y citó el mismo artículo de la Constitución que Olivo leyó incompleto. “Claro que es plurinacional pero eso no rompe la unidad. Primero somos un Estado unitario y no se necesitan más explicaciones”. Sacudió la mano como para espantar un mosquito y pasó a otro tema. Olivo no volvió por más.

Por lo demás, el ministro insistió en llamar las cosas por su nombre: secuestros, no retenciones. 255 soldados sufrieron esa suerte. Y los equipos antimotines de todos ellos fueron robados por sus captores. Otros daños: 5 vehículos blindados quemados con bombas molotov e inutilizados; 101 vehículos de apoyo, camiones, buses y camionetas, atacados.

Sin embargo, él prefiere hablar de lo positivo, de “lo que nadie comenta”: las acciones de paz. Los 24.000 efectivos que movilizaron las Fuerzas Armadas en todo el país no solo estaban allí para apoyar a la Policía en la represión de los manifestantes, sino para garantizar el abastecimiento de varias provincias bloqueadas: Azuay, Loja, El Oro... 18 toneladas de alimento llevaron los aviones militares hasta Cuenca en 25 horas de vuelo. 62 convoyes movilizaron más de 300 camiones desde Santo Domingo hasta Machala.

Los comandantes de la Policía, que estuvieron a cargo de la Asamblea Nacional, cerraron la jornada. José Ortiz y Diego Enríquez, jefe de la escolta legislativa, recogieron el término usado por Jarrín. Insurgencia. Y contaron con lujo de detalles los seis días de asedio que sufrió la sede del primer poder del Estado, los continuos ataques con armas de fabricación artesanal y bombas molotov. La toma de las casas aledañas y el ataque desde los tejados, el intento (ilustrado con un vídeo), de usar cilindros de gas desde la terraza de la Contraloría... Y sí, el ingreso de 72 personas, hasta el salón del pleno, con roturas de puertas y ventanas y la dispersión de los 5.000 que venían atrás con profusión de gases lacrimógenos.

Con estos testimonios terminaron las comparencias en la comisión parlamentaria. Cerca de 70 actores sociales y políticos, funcionarios, víctimas de la violencia, empresarios afectados, policías, ministros, dirigentes indígenas, etc. rindieron sus testimonios. Ahora solo falta esperar el informe.