En el Ecuador de hoy no existe una sola institución del Estado que no sea objeto de investigaciones. Hasta la misma Fiscalía, responsable de estas diligencias, ha sido cuestionada por su actuación en una serie de procesos judiciales que tienen al correísmo en un permanente estado de nervios.

Y ni se diga de la Asamblea, protagonista de supuestos pagos de diezmos por parte de ciertos legisladores a cambio de estabilidad laboral de sus colaboradores.

Ahora le tocó el turno a la Contraloría, luego de que un ciudadano denunció a su autoridad principal por una supuesta arrogación de funciones, poniendo en duda su elección como subrogante del prófugo de la justicia, Carlos Pólit, y su consecuente actuación en escandalosos casos de corrupción.

Es que esta entidad ha sido una especie de caballo de batalla con el que el morenismo ha querido desmontar y deslegitimar la década ganada del correato, que supuestamente le dejó la mesa servida, pero con un menú lleno de irregularidades que se han transformado en informes con indicios de responsabilidad penal.

Al final de la era Pólit, el contralor ha usado todas las armas legales a su disposición para deshacerse de varias figuras políticas al destituir vía sanción administrativa a un vicepresidente en su época de ministro, un superintendente de Comunicación en su etapa de director de un medio público y a un director del IESS, todos muy cercanos al exmandatario Rafael Correa.

Este ha sido el palmarés de una entidad que ahora se enfrenta a una indagación que nace de un particular, cuyas motivaciones aún no son claras. Ya en el pasado se limitaron las funciones de la institución cuando le quitaron su labor de control previo a los contratos públicos, disposición que la obligó a actuar solo cuando los hechos estaban consumados.

Consideraron que la vigilancia demoraba la concreción de los contratos y las consecuencias están a la vista. Millones de dólares que no se sabe dónde están y tampoco se conoce a los responsables de estos atracos.

Mientras tanto, en el país los pájaros siguen disparando contra escopetas, atentando así contra las instituciones encargadas de velar por el bienestar de los ecuatorianos. Las autoridades deben apostar por la transparencia y alejar la política de la justicia, para garantizar así un debido proceso libre de vicios.