PSC y correístas bloquean juntos

“Sigue la sociedad de los banqueros con el Gobierno. Sigue la maldita dependencia con el Fondo Monetario Internacional. Cuidado, compañeros asambleístas, cuidado con hacerle el juego al Gobierno”. ¿Quién habla de esta manera? ¿Juan Cárdenas, el más ideológico e incendiario de los integrantes del bloque correísta? ¿Encarnación Duchi, encarnizada dirigente del movimiento indígena? ¿Alguien del MPD? ¿Algún sindicalista? No. Estas palabras fueron pronunciadas en el seno de la Asamblea Nacional por Vicente Almeyda, del Partido Social Cristiano. Quizá no se equivocan los que creen que esta pandemia es el preludio del fin del mundo.

Se debaten las dos leyes con las que el Gobierno pretende enfrentar la crisis económica causada por dos pandemias seguidas, los diez años del correísmo y los tres meses del coronavirus. A saber: la Ley Orgánica para el Reordenamiento de las Finanzas Públicas y la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria. Para bloquearlas se han vuelto a juntar las dos bancadas más afines del Legislativo: el Partido Social Cristiano y el correísmo. Con ellos y un puñado de independientes e integrantes del propio bloque oficialista, que no consigue mantenerse unido ni en los tiempos más difíciles, no hay iniciativa del Ejecutivo que pase por aquí.

César Litardo ha pasado esta semana pateando la pelota para adelante. Llegó a tener sobre la mesa tres mociones para rechazar la Ley de Reordenamiento de las Finanzas Públicas, pero suspendió la sesión para ganar tiempo. El miércoles la dejó para el jueves. Y el jueves, por pedido de Wilma Andrade, que dijo necesitar más tiempo para enterarse, la suspendió de nuevo. En cuanto a la Ley de Apoyo Humanitario, ni siquiera permitió que el segundo debate se instalara, tan seguro estuvo siempre de no contar con los setenta votos necesarios para aprobarla.

Mientras tanto, resulta enternecedor contemplar a Vicente Almeyda coincidiendo con Juan Cárdenas, a Marcela Aguiñaga opinando lo mismo que Vicente Taiano y a Pabel Muñoz hablando de lo “brillantes” que son todos ellos. Y reclamando, cómo no, mayor inversión pública. Lo dicho: el fin del mundo.

Romo se juega (mal) por La Gasca

A José de la Gasca, secretario Anticorrupción cuestionado por la Fiscalía por entorpecer, precisamente, la lucha contra la corrupción, solo le queda una amiga: María Paula Romo. Que no entorpece nada, dijo la ministra de Gobierno; que sus funciones son dictar las políticas públicas en materia anticorrupción. Aclaración tardía. No solo porque a estas alturas de la cuarentena ha quedado claro que esas políticas públicas anticorrupción, si existen, no sirven para nada, sino porque el propio De la Gasca reconoció su fracaso ante una comisión de la Asamblea: que no logró cumplir su objetivo específico de prevenir los actos de corrupción (cosa que consta a todo el mundo); que no ha recuperado un centavo de lo robado; que no ha ejecutado un dólar de su presupuesto...

Esa comparecencia fue el lunes por la noche. El martes, el Consejo de Participación Ciudadana, el organismo que la mitad de los ecuatorianos quisiera eliminar desde hace rato, se pronunció también por la eliminación de la Secretaría de De la Gasca. El miércoles, en una rueda de prensa virtual, Romo saltó en su defensa: “A mí me parece que el que debe ser eliminado es el Consejo de Participación Ciudadana”, dijo. Lo cual es una elegante manera de irse por las ramas. Y graciosa.

Esa misma noche, entrevistado en el noticiero de Teleamazonas, el contralor Pablo Celi fue contundente: “El Ejecutivo debe evaluar la pertinencia de mantener un organismo que no tiene ni facultades ni legales ni competencias técnicas. En un momento en que el país necesita contraer el tamaño del Estado y racionalizar el uso de recursos, mantener organismos que no tienen una función no tiene sentido”.

El jueves, José de la Gasca siguió sumando enemigos. En esta ocasión, nada menos que la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura en pleno le dirigieron una carta para ponerlo en su sitio y llamarlo al orden: no interfiera en la independencia de funciones, le dicen. O sea que la fiscal, Diana Salazar, estaba en lo cierto; y quien se queda aquí fuera de base, aparte del secretario Anticorrupción, es la ministra de Gobierno.

Terror en Quito: un debate científico se volvió ideológico

Quito avanza con el pie cambiado. Y eso puede traer fatales consecuencias. La ciudad entró en cuarentena quizá antes de tiempo, cuando la curva de contagios subía de manera alarmante en Guayaquil, y ahora que su economía no da más y la gente necesita salir a como dé lugar para recuperar el tiempo perdido, todo parece indicar que es el peor momento para hacerlo. Es un dilema, por ahora, insoluble.

Dos noticias compartió el mismo noticiero esta semana. Y aunque las dos eran bastante trágicas, lo peor que tenían es que nadie se dio el trabajo de relacionar una con otra. Y tienen todo que ver.

Noticia primera: las escalofriantes cifras de la economía quiteña. El presidente de la Cámara de Comercio de la capital, Patricio Alarcón, participó en una sesión virtual del Concejo municipal y habló de pérdidas por 5 mil millones. Solicitó, en consecuencia, “acciones para reactivar la economía”. El concejal Bernardo Abad propuso “que se analice lo más pronto posible, de la manera más seria, el cambio de color del semáforo”.

Noticia segunda: las no menos escalofriantes cifras de la pandemia. Lenin Mantilla, secretario metropolitano de Salud, lanza una alerta: los servicios de cuidados intensivos para pacientes de COVID-19 en la capital “se encuentran saturados” luego de que la cifra oficial de contagiados en la ciudad superara los dos mil. Los hospitales Eugenio Espejo, Pablo Arturo Suárez y Andrade Marín del IESS no se dan abasto. “Quito atraviesa el mes más crítico de contagios”, titula el noticiero de Ecuavisa. Entonces, ¿es oportuno salir a la calle?

Para que todo sea aún más confuso, el debate sobre el fin del aislamiento se ha volcado al peor de los terrenos: el ideológico. Ahora resulta que la izquierda quiere mantener el encierro y la derecha quiere levantarlo. Cada parte se caracteriza por su incapacidad de escuchar los argumentos de la otra y por hablar con una seguridad en sí mismas que ya quisieran los auténticos expertos.

“La vida está antes que la economía”, dicen los unos, asumiendo estúpidamente que la economía no tiene nada que ver con la vida. Entonces vienen los otros y… ¡Les dan la razón! “La salud es importante, pero no podemos permitir que aumente el desempleo”, dijo Patricio Alarcón ante el Concejo. O sea que sí, la economía no tiene que ver con la vida. Y vale más. Si el debate sigue desarrollándose en esos términos, Quito está perdida.