Ley de Finanzas Públicas: la votación se aplaza por tercera vez

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Ley de Finanzas Públicas: la votación se aplaza por tercera vez

El plazo para que la propuesta del Ejecutivo entre en vigencia por el Ministerio de la Ley concluye este 16 de mayo

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Al presidente de la comisión, Daniel Mendoza, se lo vincula con presuntos actos de corrupción .Captura de transmisión

La votación del proyecto de Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas se sigue dilatando. El segundo debate de la propuesta del Ejecutivo, que tiene el carácter de urgente en materia, se cerró el miércoles 13 de mayo de 2020, y el presidente de la Comisión de Régimen Económico, Daniel Mendoza, pidió una hora para recoger los criterios y observaciones que se dieron durante los dos días de discusión.

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Esa hora hasta el momento no se cumple. Por tres ocasiones el titular de la Asamblea Nacional, César Litardo ha debido aplazar el trámite legislativo. El miércoles no fue una hora y decidió convocar para el jueves 14 de mayo, a las 09:00. Para votar, en ese momento, se reinstaló la sesión con 137 asambleístas, pero la legisladora Vilma Andrade, solicitó “un par de horas” para revisar los textos que a las 06:00 había enviado Mendoza. Litardo suspendió pero no dijo la hora, hasta que en la noche se conoció que sería este 15 de mayo a las 09:00; sin embargo, esto tampoco se dio, y se volvió aplazar para hoy a las 14:00.

Existe un texto ya para votación que ha sido repartido a los asambleístas con las correcciones y observaciones recogidas, pero ahora se duda de quién será el ponente, esto a raíz, de lo sucedido en horas de la tarde y noche del 14 de mayo, donde se involucra al asesor del asambleísta de Alianza PAIS, Daniel Mendoza, quien es el ponente, en presuntos actos de corrupción en el tema hospitales. Hay asambleístas que ponen en duda la legitimidad de lo actuado por Mendoza.

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Mae Montaño
​Asambleísta independiente

Todo esto se da a puertas de que el proyecto enviado por el Ejecutivo pueda entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley, tal como fue enviado por el Gobierno, toda vez que los 30 días de plazo que tienen para pronunciarse concluye el 16 de mayo.