¿Pretenden usar eso en un juzgado?

En la transcripción del diálogo entre Daniel Mendoza y Eliseo Azuero hay algunas cosas claras. Pocas. Mendoza se preocupa, desde el minuto 1, por proclamar su pobreza franciscana y eso está muy claro: su carrito viejo, sus exiguas rentas… Pero también está claro que existe un secreto entramado de reparto de dinero del que está muy bien informado. Está claro que “Tello recibió”, que “Wacho también recibió”, que “Meche también cogió” y que “se mea”… Está claro que “la cabeza” del esquema, “en parte”, es Azuero. Está claro que la relación de Azuero y Mendoza con María Paula Romo es de presiones, compromisos y favores. Está claro que “María Paula cumplió” y “puso a Tamayo”. ¿René Tamayo, director del Servicio de Contratación de Obras? No está dicho pero sí, está claro.

En cuanto al resto (13 páginas de apretada mecanografía), su significado es oscuro, hermético, incomprensible. ¿Por qué Mendoza y Azuero hablan en jerga? No, realmente. ¿Porque hay un contexto y unos antecedentes que el lector ignora? Algo de eso, sí. Pero incluso quien conozca el caso en todos sus detalles tendrá dificultades para entenderlo. Porque lo que hace de la transcripción un documento incomprensible no es la conversación en sí, es la deplorable, inaudita, rastrera ortografía y sintaxis de un grupo de peritos incapaces de poner una coma en su lugar, un punto en su lugar, un signo de interrogación cuando corresponde, una tilde cuando toca.

El documento dice “no es que no tiene relación con eso” y probablemente quiere decir “no, es que no tiene relación con eso”, lo cual significa exactamente lo contrario. Dice “estaba pensando en decirle si cogieron los amigos”, con un “si” condicional, pero quizá haya que entender “estaba pensando en decirle: sí cogieron los amigos”, y eso es otra cosa. Dice “porque esos manes tienen que estar”, pero como los signos de interrogación se omiten desde la página 1, es probable que quiera decir: “¿Por qué esos manes tienen que estar?”. Cuando el perito empieza por escribir “haber” en lugar de “a ver” y “ósea” en lugar de “o sea”… En fin: todo es probable. ¿En serio piensan usar esto en un juzgado? ¿Y cómo?

Un país de criaturas y borrachos

Más de 700 fiestas clandestinas se registraron en la capital de la República y otras ciudades de la provincia de Pichincha en plena emergencia sanitaria. Y se siguen contando. Ante semejante desproporción, la prefecta Paola Pabón exigió al COE nacional, entre otras cosas, que se prohíban las fiestas clandestinas en toda la provincia. Seis alcaldes apoyaron con su firma la propuesta: hay que prohibir las fiestas clandestinas, opinan todos ellos. ¿Quién se puede oponer? El Concejo Metropolitano de Quito, con Jorge Yunda a la cabeza, también respaldó el pedido en carta dirigida al COE: la prohibición de las fiestas clandestinas, dicen, evitará la propagación del coronavirus. Brillantes todos. Geniales. Con cinco segundos de reflexión habrían descubierto que las fiestas de marras, si son clandestinas, es porque ya están prohibidas. Y si están prohibidas no toca sino controlarlas. ¿A quiénes toca? A los gobiernos locales, es decir, a ellos mismos.

A flor de labios llevan las autoridades la palabra “prohibir” en tiempos de coronavirus. Y cuando la pronuncian es como si se les cayera inadvertidamente de la boca: ni se dan cuenta. -¿Fiestas clandestinas? -Prohibir. -¿Consumo de bebidas alcohólicas? -Prohibir. La imposición de la ley seca es otro tema sobre el cual se ha vuelto con indeclinable insistencia en las últimas semanas. Si la prohibición del alcohol sirve para solucionar tantos problemas, como creen muchas autoridades locales del país, habrá que conceder que su consumo es la causa de prácticamente todos los males.

Este es un país de borrachos, dicen los alcaldes. Gente incapaz de cuidarse por sí sola y necesita, en consecuencia, la tutela moral de las autoridades. Gente que no sabe lo que le conviene. Gente que no está preparada para administrar su propia libertad. Menores de edad, en suma, para quienes los alcaldes y prefectos fungen de padres y madres protectores.

Se ha pedido al COE nacional, por tercera vez en los últimos dos meses, la imposición de la ley seca en la capital. Y por tercera vez se ha omitido todo análisis sobre las consecuencias (económicas y sociales) de la medida. Pero el COE sí ha reflexionado en lugar de los alcaldes y no ha cedido. Por fortuna, los alcaldes también tienen un tutor que evita que metan la pata demasiado.