Las epidemias de enfermedades transmisibles en el mundo desarrollado ya son lo suficientemente lamentables desde una perspectiva sanitaria. Pero también tienen serias implicancias en términos de la justicia social, porque exacerban prolongadas crisis de derechos humanos, afectando una prestación de servicios públicos de por sí débil, y profundizando las desigualdades existentes. Al igual que el brote de ébola de 2014 en África occidental, el brote de zika en América Central y del Sur en 2015 afectó con mayor fuerza a los grupos sociales vulnerables (mujeres y niños, minorías étnicas y los pobres). Como la fiebre amarilla, el dengue y otras enfermedades, el zika se transmite por los mosquitos Aedes aegypti. Pero, aunque inusual para un virus transmitido por mosquitos, el zika también se puede propagar por vía sexual. Más raro aún, se asocia con problemas neurológicos y del desarrollo que afectan a bebés: la microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré. De los más de 1,5 millones de personas afectadas por el zika desde el principio de la epidemia, las consecuencias fueron más preocupantes para mujeres en edad fértil, especialmente las que estaban embarazadas. Entre 2016 y 2017 se confirmó un total de 11.059 casos de zika en embarazadas, produciéndose 10.867 casos de microcefalia y otras malformaciones congénitas en los sistemas nerviosos centrales de sus bebés. Un cincuenta y seis por ciento de ellos nacieron de mujeres pobres y mujeres de color en el nordeste brasileño. Para prevenir la infección, se recomienda a las mujeres usar repelente antimosquitos, no tener aguas estancadas alrededor de sus hogares, usar mangas largas, y, de ser posible, usar condones o evitar tener sexo. Las recomendaciones de las autoridades sanitarias se equivocan en lo fundamental. Subrayan el control y vigilancia del vector de corto plazo, mientras desvinculan la enfermedad de los determinantes sociales y estructurales de la salud. En la mayoría de los países latinoamericanos afectados por el zika el aborto es ilegal o se permite solo en situaciones excepcionales. Si se demuestra que fueron autoinducidas, las interrupciones del embarazo pueden incluso llevar a condenas por homicidio. Mientras, en EE. UU. legisladores republicanos que encabezaban una audiencia parlamentaria sobre la epidemia de zika, condicionaron los fondos de emergencia para ayudar a prepararse y responder a la amenaza del zika, a que en los países destinatarios se adoptaran políticas antiabortivas. Los problemas del enfoque predominante de contención del virus (o sea, se pone demasiada responsabilidad sobre las mujeres mientras se les da muy poco poder) no recaen con la misma intensidad sobre todo el mundo. El año pasado, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Mundial de la Salud recalcaron la necesidad de poner los derechos humanos en el centro de la respuesta a esta epidemia. Por eso los activistas deben insistir en que el Estado se responsabilice de prestar los servicios adecuados de atención y apoyo a cada mujer y niño: servicios que satisfagan tanto sus necesidades como respeten sus derechos.