Uno de los aspectos clave por los que se explica la crisis del sistema financiero de fines del siglo pasado fue la ausencia de información para que los depositantes tomen decisiones, y organizaciones de la sociedad civil alerten del tsunami que se estaba formando. Si los depositantes hubieran conocido cómo se componían en detalle los activos de riesgo de los bancos y las entidades de calificación de riesgo (hoy presentes) hubieran expresado opiniones sobre los mismos, se habría podido frenar prácticas nocivas que las entidades de control -por algunos millones de motivos- no corrigieron a tiempo. Parecería que no aprendimos la lección. En el proyecto de ley que se envió a la asamblea para “reactivar la economía”, en la disposición transitoria novena se introduce una normativa por la cual información financiera clave de las entidades del sector Financiero Popular y Solidario sería publicada en plazos que van desde tres años a seis años, dependiendo el tamaño de los activos de las mismas. Se entiende, que hasta que transcurran dichos períodos, los clientes, calificadores de riesgo, competidores y en general la sociedad, no podrán acceder de manera abierta y transparente a la información sobre la calidad de las entidades y evaluar su solvencia para tomar decisiones sobre sus depósitos o acciones de competencia. Si esa es una decisión del Estado, lo lógico sería que desde el punto de vista de los depositantes exista la cobertura total de los depósitos que reciban esas entidades, porque no sería justo que un ciudadano carente de información asuma el riesgo por no poder evaluar la solvencia de la institución en la que confía sus recursos. Además, si la disposición es aprobada, tira por los suelos normas importantes como la que rige la competencia en el país, puesto que la información clara, confiable y oportuna, es esencial para que los competidores actúen en beneficio de sus clientes. Al final del día, este es el tipo de normativas cuyo precio lo terminan pagando los más pobres y vulnerables, tal como ocurrió antes. ¿Qué razones habría hoy para no publicar información?