La corrupción no es una enemiga vieja. Hemos oído y hemos hablado de ella siempre, en la esfera pública y en la privada, por lo que la lucha en contra de esta no es algo nuevo, concuerdan los expertos en política que conversaron con EXPRESO.

Ante esto, ¿nos cruzamos de brazos? Negativo. Sin embargo, lo primero que debemos hacer es comprender las lógicas del crimen transnacional y organizado, sugiere Juan Carlos Valarezo, experto en ciencias políticas y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Esto, porque si solo “lo vemos como un problema de seguridad, pues nos quedaremos enfrascados en una solución de seguridad”, asegura.

Es por esto por lo que el panorama no debe circunscribirse en eso, sino desde su complejidad, desde el ámbito internacional y sistémico, ya que el crimen organizado involucra las relaciones internacionales, explica Valarezo. Debido a eso, la cooperación internacional, con elementos como el del traspaso de información, es clave para conocer cómo funciona la dinámica de estos grupos a escala internacional, sus movimientos financieros, entre otros.

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No obstante, ¿qué pasó para que esto haya penetrado en el Estado? Para esto, el análisis radicaría primero en los procesos internos de selección en las entidades gubernamentales, afirma el docente. Justamente cómo debe manejarse todo lo relacionado con la seguridad del Estado tuvo que haberse consultado, expresa Agustín Burbano de Lara, sociólogo y analista político.

Pero este fenómeno ha crecido, asegura Mauricio Alarcón, abogado y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por lo que “deshacerse de esto y ponerle fin no será una acción que lo logre de la noche a la mañana”. A su juicio, los esfuerzos tienen que ser sostenidos y permanentes, y el punto de partida sería la depuración de las instituciones que están tomadas por el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción.

La estrategia, sugiere Burbano, radicaría en establecer un equipo conjunto entre miembros de las Fuerzas Armadas, de tomadores de decisiones del Estado y de civiles para que evalúen cómo se están implementando las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estos estándares internacionales sirven para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, los cuales son tanto para el sector público como privado.

Esto es importante, sostiene Burbano, porque “nosotros podemos perseguir a las bandas, al microtráfico, a sus cadenas de logísticas, pero no estamos afectando a los procesos de acumulación que ocurren en la cima de este sistema”. A esto se debe sumar la protección personal militar y la inteligencia militar para resguardar a los políticos que estén en el proceso de renovación y depuración del Estado; e incluir en este sistema de protección a sus familiares. En todas las instancias, empezando por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la justicia, en el que se incluya funcionarios judiciales y jueces.

También deben ser incluidos las carteras y entidades de Estado estratégicas, como el Ministerio de Energía y Minas, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el Cuerpo de Vigilancia Aduanera, el Centro de Inteligencia Estratégica y otros.

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Pero para todo eso se necesita la asignación de recursos y voluntad política para hacer bien las cosas, enfatiza Alarcón. Aunque para generar verdaderos cambios es importante que la ciudadanía no “deje todo en manos de los políticos ni de las autoridades, porque no nos ha funcionado”. Es por eso por lo que cree que los ciudadanos deben activarse y quienes quieran hacer las cosas desde la honestidad y la ética participen en los procesos y concursos públicos.

Es también menester que haya independencia entre las funciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la del Ejecutivo, expone Valarezo, porque es la base de la democracia. Además, la valentía de quien esté a la cabeza de la Fiscalía no debe depender del primer mandatario de turno. Esto, porque, aunque ahora ha tomado un rol más protagónico, antes del actual régimen, la FGE tuvo un rol más pasivo, en cuanto al poder, al sacar todas las investigaciones, analiza el experto en ciencias políticas. Eso hace que “la coyuntura política influiría en cómo se procede, así como de los intereses y motivaciones que los actores estatales respondan”.

Pero el primer filtro también debe ser depurado. La fuerza pública debe ser sometida a un control interno, que primeramente sea actualizado, y a un sistema de control cruzado, indica el sociólogo. Lo último podría estar conformado por distintas funciones estatales: Judicial, Legislativa, Transparencia y Control Social, y Ejecutiva. Para eso debe efectuarse una reforma legal o en una consulta popular para establecer esos mecanismos, agrega.

Por otro lado, añade Alarcón, las organizaciones políticas deben ser financiadas por su militancia, porque de lo contrario “estamos abiertos a que alguien lo haga y ponga sus recursos; después nos lamentaremos que quienes lo hayan hecho sean personas vinculadas en narcotráfico y crimen organizado”.

Aunque no hay que olvidar, subraya Valarezo, que es necesario que el Estado se enfoque también en satisfacer las necesidades básicas de la gente: educación, salud y empleo.

La fuerza del orden y el conflicto

Juan Carlos Valarezo, experto en ciencias políticas, sostiene que, en el contexto de la declaratoria del conflicto armado interno, las fuerzas del orden han detenido a muchísimas personas bajo el supuesto de estar relacionadas con bandas terroristas, pero “no sabemos cuál es el fin de esos procesos”. Aquí juega el elemento psicológico, además del político, que hay detrás de todo esto, ya que hay una conveniencia de lado y lado para seguir manteniéndolo y así generar la sensación de protección.

A su vez, se tiene que tomar en cuenta, señala el sociólogo Agustín Burbano, que se está exponiendo a los militares a que sean reclutados por estos grupos en las cárceles. Por lo que se debe construir institucionalidad, es decir, crear el Ministerio Coordinador de Seguridad que establece la Ley de Seguridad Pública y del Estado -este fue eliminado por Lenín Moreno-. Reconstruir el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y destruir al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores. “No tenemos tiempo de sobra, porque exponemos a que las Fuerzas Armadas se contaminen”.

Sin embargo, los centros de rehabilitación deben ser eso y no centros vacacionales para los delincuentes, recalca el abogado Mauricio Alarcón. Lo que muestra una falta de responsabilidad por parte de quienes están a cargo de estos espacios y exigir que los reos estén en condiciones óptimas para que no recurran a las bandas.

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