En la política ecuatoriana es común que los familiares de políticos o de funcionarios públicos se beneficien directa o indirectamente de la posición o el cargo que estos ostenten. Eso también puede suceder en las instituciones  administradas por una organización política determinada que se rige por facciones o varias cabezas, o simplemente los beneficios se desprenden de un cargo de elección popular.

Las castas políticas o influencias familiares pueden ser notorias y no necesariamente recaen en una conducta ligada con el nepotismo, pero no están exentas de rayar en el escándalo por otras situaciones reñidas con la ley, sospechosas o, al menos, cuestionables.

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En los últimos tiempos han surgido escándalos ligados a políticos o a familiares de estos, ya sea por las revelaciones que se desprenden de investigaciones de la Fiscalía o por medios de comunicación que han escudriñado al statu quo, como el caso de Pablo Muentes y su suerte de emporio que se extendió con sus hijos al mismo partido e instituciones municipales, o el caso del hijo de Verónica Abad.

Este último es el más reciente. Francisco Sebastián Barreiro Abad fue detenido el 21 de marzo pasado, por el presunto delito de realizar tráfico de influencias. Según una denuncia, a Barreiro se lo acusa de hacer una oferta laboral a cambio de recibir cobros mensuales.

En la audiencia de formulación de cargos, se conoció el relato del denunciante, quien aseguró que entró a laborar a la Vicepresidencia a finales de 2023 después de reunirse con    Barreiro y otro ciudadano en un hotel de la capital ecuatoriana.

En dicha cita, añadió, las dos personas le ofrecieron el cargo de coordinador general cuyo sueldo ascendía a $ 3.200. De ese monto, el denunciante tenía que transferir unos $ 2 mil al ahora sospechoso.

La jueza María Castro dispuso que se abriera la etapa de instrucción por 90 días y dictó prisión preventiva al hijo de la vicepresidenta Abad, a petición de la Fiscalía.

La detención del sospechoso y su posterior traslado a la conocida cárcel La Roca generó el rechazó de la segunda mandataria, quien atribuyó esos hechos a una persecución política, como lo dijo en una entrevista para un medio de comunicación: “Me están presionando para que renuncie y salga de aquí (...). Es un golpe a mi vida y a la institucionalidad del país, quieren quitarme del medio para quitarme de la presidencia del país”.

Barreiro tiene 28 años y registra varios cargos en la función pública desde hace casi tres años, cuando era presidente Guillermo Lasso, según los registros de la Contraloría: comisario, en la Gobernación del Azuay, en 2021; intendente de Policía de Azuay, en la Gobernación del Azuay, en 2023; asistente administrativo electoral, en la Delegación Electoral de Azuay, en 2023; vocal de la Junta Electoral de Azuay, en 2023; y director de servicios de mediación, en la Defensoría Pública, en 2023. En este último cargo estuvo casi por un mes.

En la declaración de bienes de 2021, Barreiro presenta un patrimonio de $ 300. Mientras que en el reporte más reciente, de 2023, es decir, dos años después, él registra un patrimonio de $32 mil.

Su madre, Verónica Abad, también estuvo en un cargo en el gobierno de Lasso: asesora 5, en la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, en 2022, uno de los programas bandera del entonces mandatario.

En su declaración de bienes, ella registra un patrimonio de $-388, en mayo de 2022; en agosto de ese año, en cambio, ese rubro pasó a $ -500. En cambio, cuando ingresó a la Vicepresidencia, la mandataria pasó a tener $ 1.600, por el menaje de casa, joyas, equipo de oficina, etc. No se reportan terrenos, casas ni vehículos.

Este Diario solicitó unos comentarios a la vicepresidencia, pero no hubo respuesta. Tampoco se obtuvo una contestación por parte de la defensa de Barreiro.

A inicios de marzo también entró en el radar de la opinión pública el nombre de Pablo Muentes, hombre de confianza de Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano (PSC). El abogado de 58 años fue blanco de la operación anticorrupción Purga, derivada de Metástasis, el 4 de marzo pasado.

Antes de llegar a ser asambleísta de esa tienda política en el periodo legislativo pasado, Muentes cursó un largo camino para acercarse al círculo de Nebot, desde dirigente en las campañas electorales socialcristianas en los años 90 hasta funcionario municipal en la coordinación de Participación Ciudadana del Cabildo en la década más reciente.

La Fiscalía señala a Muentes de delincuencia organizada, por    participar en un entramado de corrupción para direccionar fallos judiciales, como el que ordenó una indemnización a su favor de unos $4 millones tras presentar una demanda en contra del Banco del Pacífico.

Uno de sus hijos siguió sus pasos en el ámbito político, Pablo Andrés Muentes Alvarado, quien llegó a la Asamblea como legislador alterno por el PSC, en 2013, según la información de la Contraloría. En registros fotográficos de la campaña electoral de entonces, se lo ve junto a Cristina Reyes. 

Ella también llegó al Legislativo. Años después, Reyes logró una posición en el Parlamento Andino, donde actualmente es la presidenta. Ahí tuvo como colaboradora a Mayra Salazar, la operadora de Pablo Muentes en el sistema judicial, según la Fiscalía.

Al igual que a su padre, el nombre de Pablo Andrés toma relevancia en estos días porque    fue socio de Salazar, según los chats revelados por la Fiscalía en torno al caso Purga.

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En las comunicaciones de julio y agosto de 2023 queda en evidencia cómo la relacionista pública de la Corte de Justicia del Guayas lo contactó para ofrecerle la ‘oportunidad’ de participar en dos concursos públicos para hacerse, de forma irregular, de contratos de limpieza de las instalaciones del Servicio de Rentas Internas (SRI) en Guayaquil.

El ‘negocio’ generó el interés de Muentes Alvarado, como consta en los chats liberados por la Fiscalía General del Estado. Este Diario intentó obtener comentarios de la familia Muentes, pero no fue posible.

La relación entre los hijos del exasambleísta socialcristiano también se extiende por el lado de Mónica Nicole Muentes Alvarado, quien ha ocupado cargos en la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil EP, de acuerdo con la información pública.

Ella registra un cargo de analista administrativa en esa entidad del Municipio de Guayaquil, en 2014. Para ese entonces, Pablo Muentes ya tenía dos años como coordinador de Participación Ciudadana en ese mismo Cabildo.

En 2015, Mónica registra un nuevo cargo, coordinadora de financiamiento internacional y multilateral. Dicha función, por la que percibía de sueldo $ 3 mil, la desempeñó hasta 2020. También tuvo un ligero paso por el Concejo Cantonal de Guayaquil como edil alterna, según la Contraloría.

Las castas políticas también han trascendido por gestiones polémicas o cuestionadas por ciudadanos. En 2022, Diario EXPRESO fiscalizó la administración de la entonces alcaldesa Cynthia Viteri. Se publicaron los contratos que se adjudicaron a empresas relacionadas con la persona que trabajó en su campaña electoral, ahora su esposo. También se detallaron los cargos que sus hijas ocuparon en instituciones bajo administración de autoridades ligadas al Partido Social Cristiano y en otras entidades públicas. 

Varias de las investigaciones de EXPRESO han trascendido en el ámbito de la justicia -como Aromaterapia, Letras Vivas, contratos de comunicación a favor de su asesor de campaña y ahora esposo-, pero no han prosperado en las manos de la Fiscalía.

Días atrás se procesó a Yanina Villagómez en el caso Purga. Ella era fiscal provincial del Guayas, a cargo de las investigaciones que se seguían a funcionarios que gozan fuero de corte, como alcaldes.

La familia Bucaram es otro grupo político que se ha visto envuelto en escándalos. Por dichos pasajes, la justicia ha impulsado investigaciones. En los últimos cuatro años, varios de sus miembros han sido señalados por la Fiscalía de haber participado en una trama irregular de venta de insumos médicos.

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