No a la impunidad

La Asamblea Nacional atraviesa por un momento crítico, en el que está en juego su credibilidad y el buen nombre de los legisladores.

Ya suman siete los asambleístas implicados en cobros indebidos a funcionarios y asesores para cubrir rubros como alimentación, combustible, movilización y hasta gastos en gabinetes de belleza para sus jefes.

El ambiente que reina en la que debería ser la casa de la democracia está lleno de temor y sospecha, ya que aún no se conocen los alcances que tuvo el pago de diezmos para sostener a organizaciones políticas a costa del sacrificio ajeno.

Y esto ocurre precisamente en el lugar en el que se debaten leyes laborales y se rechaza de plano la explotación de la fuerza productiva del país.

Paradójicamente, una de las parlamentarias denunciadas integra la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, por lo que este tema no debe ser tratado superficialmente, más aún si se comprueba que los pagos han sido una práctica generalizada desde hace muchos años, como se comenta en los pasillos de la Legislatura.

Lo que comenzó como un secreto a voces, minimizado en algunas bancadas, se convirtió en una bola de nieve difícil de detener, una vez que se presentaron pruebas documentales de los supuestos perjuicios.

Ante una denuncia tan grave, es urgente que las autoridades de la Asamblea lleguen hasta el fondo del problema y presenten a los conciudadanos soluciones concretas para eliminar cualquier indicio de ilegalidad que pueda empañar su labor.

Por eso no es recomendable el silencio ni la defensa del espíritu de cuerpo de quienes están llamados a legislar y fiscalizar, una tarea que aún está pendiente.

La sociedad ecuatoriana debe permanecer vigilante y exigir que se dé seguimiento a los reclamos de quienes han sido víctimas de este delito.

Sería inaceptable desde todo punto de vista que nos acostumbremos a que un nuevo escándalo político opaque al anterior y el tema quede en la impunidad. Por el momento, el problema ya está en la cancha de la Fiscalía, entidad que está obligada a emprender una investigación seria.

Los funcionarios deben recordar que los puestos públicos fueron hechos para servir y no para lucrarse de ellos.