El destino de los bienes incautados por el Estado aún es un tema pendiente, ya que poco o nada se sabe acerca de las operaciones que se han realizado alrededor de los más de once mil activos, cuya cuantía increíblemente no había sido establecida en su totalidad hasta 2015 por el Banco Central.

Hace diez años, la promesa del gobierno de Rafael Correa fue indemnizar al Estado y a los depositantes a través de la venta de los activos vinculados a grupos bancarios para resguardar el dinero de quienes fueron víctimas de la crisis económica que azotó el país en 1999.

Fueron tiempos en los que varias entidades cerraron o entraron en un proceso de rescate financiero sin precedentes, perjudicando a miles de clientes que les habían confiado sus ahorros. Comenzó así una dolorosa etapa en la historia nacional, en la que cientos de personas perdieron hasta la vida en el intento de recuperar su dinero, mientras que millones de familias se desintegraron por la ola migratoria hacia Europa y Estados Unidos.

A partir de ahí, al menos cinco gobiernos han prometido resarcir los daños, creando varias instituciones que se encargarían de administrar y luego liquidar lo incautado.

Muchos de los bienes, especialmente medios de comunicación, que pasaron a manos del Estado terminaron con graves problemas económicos, situación por la que se abrieron investigaciones sobre supuestos sueldos elevados de los administradores y posibles malos manejos de fondos públicos.

Los escándalos sobre la utilización de los activos han sido la tónica en subastas que no han prosperado, por lo que urgen medidas claras, ya que es evidente que existen problemas, una vez que la administración del total de las empresas en liquidación no ha sido fiscalizada.

Es hora de que se transparenten las acciones que tomaron en su momento la Agencia de Garantía de Depósitos, el Ministerio de Finanzas, el Banco Central del Ecuador y la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, para conocer el estado en el que se encuentran todos los procesos, porque la rendición de cuentas es una obligación de todos los funcionarios públicos.