El gusto por la imagen. El Estado ecuatoriano guarda, durante el último período gubernamental, una obsesión por verse en pantallas, que ha costado a los contribuyentes más de cuatro millones de dólares en la producción de audiovisuales de corta difusión.

La cartera pública ha dejado espacio para todos los gustos: vídeos institucionales y promocionales, minidocumentales, películas, series de TV, series digitales, videoclips musicales, noticieros internos y hasta dibujitos animados. La avalancha de contrataciones analizada por EXPRESO da cuenta de 44 compras públicas en los últimos tres años por parte del gobierno central, prefecturas, municipios, juntas parroquiales e instituciones financieras, a un costo de 4,2 millones de dólares. La cifra analizada por este Diario no incluye, sin embargo, pautas en medios de comunicación, promoción turística o publicidad para atraer inversiones.

La euforia del ‘rec’ ha empujado a las autoridades de todos los niveles a contratar servicios de difícil justificación.

La Superintendencia de Control y Poder de Mercado, liderada por Pedro Páez, no tuvo reparo en desembolsar casi $ 700 mil por una serie de TV llamada ‘Ciudad Quinde’, con elenco profesional y producción cinematográfica y menos de mil visitas promedio por capítulo en la web. La empresa hidrocarburífera Petroecuador, hoy en la mira por los Papeles de Panamá, gastó el año pasado medio millón de dólares para producir el noticiero Petrovida, que se perdió la exclusiva sobre su exgerente Álex Bravo, pero se transmite por GamaTV. La Corporación Eléctrica del Ecuador creyó que la mejor forma de mostrar su trabajo era produciendo un ‘docureality’ de ocho capítulos denominado ‘Mega eléctricas’, cuyo costo ascendió a $ 443 mil. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social contrató, en 2013, durante la administración de Ramiro González, “25 vídeos testimoniales emocionales”, de dos minutos de duración, por $ 320 mil para mostrar las voces de los afiliados. Incluso la Procuraduría pagó $ 350 mil por documentar 25 de sus casos “más relevantes” y promocionarse como “líder” en defensa jurídica, aunque solo tiene un cliente: el Estado.

Los ejemplo son tantos que los montos y excentricidades (“modelos AAA”, “confidencialidad”, “guiones emotivos”) han pasado a segundo plano. Lo preocupante no es, a la final, que se gaste mucho, sino cómo. Todos los casos citados en este artículo han respondido a procesos de régimen especial que, básicamente, permiten contratar bajo invitación directa.

Además, la falta de regulaciones legales contribuye a impulsar un mercado en el que el precio se decide a criterio del funcionario de turno. Salvo la Presidencia, que pidió desde 2015 “austeridad” en el gasto público, ninguna institución cuenta con una tabla técnica que justifique el costo.

De esta manera, la Corporación Financiera Nacional puede pagar $ 103 mil por 4 minutos y medio de testimonios; mientras que la Corte Constitucional abona $ 45 mil por 545 minutos de material audiovisual institucional. No tiene lógica.

No la tiene para nadie. El oficialismo y la oposición en la Asamblea coinciden, como pocas veces, en la necesidad de terminar con “el despilfarro, venga de donde venga”, según advierte el legislador gobiernista Octavio Villacreses, para quien esta “es solo una de las modalidades que tienen para malgastar el dinero”. A su criterio, contratos de este tipo resultan ahora aún más injustificables. Advierte que “hay funcionarios públicos que no se han dado cuenta de que hubo un terremoto”.