La tarde del 19 de octubre, representantes del Clero y del colectivo GLBTI llegaron al Complejo Judicial de Quitumbe, en el sur de Quito, donde se está realizando una audiencia de medidas cautelares en contra de los representantes de la Iglesia.

El pedido de la comunidad homosexual se realizó días antes de la marcha Profamilia, efectuada el pasado 14 de octubre. El objetivo era evitar el encuentro ya que se consideraba que la iniciativa difundiría el odio y la homofobia.

Sin embargo, la respuesta a la querella se emitiría recién la tarde del 19 de octubre. En la diligencia legal ambas partes expusieron sus argumentos. Por parte de Conferencia Episcopal del Ecuador, refirieron que la audiencia no debió darse porque quebranta el derecho a la defensa, ya que los siete representantes de la Iglesia demandados no recibieron una notificación personal.

Por otro lado, los representantes legales del colectivo GLBTI resaltaban que la medida cautelar es una acción urgente y excepcional. “Necesitamos evitar una amenaza al los derechos constitucionales y humanos”, señaló el abogado de los demandantes.

Durante la gestión, se realizaron algunos intervalos para analizar los discursos de ambas partes. Mientras tanto en los exteriores los simpatizantes de las dos comunidades apoyaban sus iniciativas con carteles. El colectivo GLBTI se apoderó del ingreso al Complejo Judicial con una bandera multicolor de más de 10 metros. “Fuerza, fuerza, familia reversa”, gritaban sus adeptos.

La comunidad católica manifestaba que no se está difundiendo un discurso homofóbico, sino pidiendo respeto a la educación que cada familia quiera brindar a sus hijos. Erika Vásconez, representante del Frente Nacional por la Familia enfatizó en su preocupación ante un proyecto de Ley sobre “educar a los estudiantes con género neutro”. Ella explica que sus colegas no están “en contra de un adulto que decide ser homosexual”.

Para Carlos Álvarez, activista GLBTI, es irracional generar espacios de “odio”, si lo único que se ha pedido a la Asamblea es un trato justo para evitar la discriminación hacia el colectivo. Hasta el cierre de esta edición, los jueces no han deliberado.