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El IESS carga contra las aseguradoras

Hay resistencia. Pacientes y médicos cuestionan la decisión del Gobierno de cobrar a las empresas de medicina prepagada por las atenciones de sus afiliados en el sector público.

Superintendencia de Poder de Mercado. Christian Ruiz, intendente, Richard Espinosa, presidente del IESS.

Hay resistencia. Pacientes y médicos cuestionan la decisión del Gobierno de cobrar a las empresas de medicina prepagada por las atenciones de sus afiliados en el sector público.

Eso significa que las compañías deberán devolver al Estado los costos de la atención de salud de sus afiliados, por ejemplo, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Así lo estipula uno de los artículos del proyecto de ley de Medicina Prepagada que elaboró la Comisión de los Derechos a la Salud, de la Asamblea.

¿Cuál sería el efecto de esta norma para los ciudadanos? El cobro, para los pacientes y doctores, no es una cuestión de justicia social, sino de mercado. Ellos temen que las compañías suban el costo de sus servicios o terminen sus contratos, señalaron a EXPRESO.

Según Armando Mora, un paciente con trasplante de riñón, las empresas pasarán la factura a los afiliados y tendrán que pagar más por el seguro. Él sufre de insuficiencia renal, enfermedad que lo dejó paralizado durante ocho años. No podía trabajar, contó a este Diario.

En 2013 le hicieron un trasplante renal y ahora recibe medicamentos del IESS, pero también cuenta con un seguro privado. “Tendríamos problemas con las empresas prepagadas si deciden cerrar las cuentas de los pacientes con enfermedades catastróficas”, explicó.

Sin embargo, los afiliados no son los únicos preocupados por esa disposición. También los médicos alertan que las empresas podrían disminuir el pago por sus servicios profesionales. “Las compañías nos pagarán menos por las consultas y cirugías. La solución sería tener salud preventiva para bajar costos al Estado y pacientes”, dijo el vicepresidente de la Federación de Médicos de Pichincha, Alberto Narváez.

Para evitar que esos temores se cumplan, el presidente del directorio del IESS, Richard Espinosa, acudió ayer a la superintendencia de Control del Poder del Mercado. Solicitó medidas cautelares. “Las compañías hacen un chantaje para que no se apruebe la ley y aseguran que incrementarán el 50 % a sus contratos e incluso los terminarán”, argumentó.

Además explicó cómo funcionaría el reembolso. Una operación de corazón abierto cuesta 30.000 dólares. Si el asegurado se opera en el IESS no pagará nada, dijo. “Las empresas de seguros tendrán que devolver al Estado el costo de esa intervención”, puntualizó.