El IESS es de los afiliados. Es una institución demasiado importante para dejarla en manos de un gobierno, cualquier gobierno. Menos aún de aquellos que lo utilizan como caja chica y como fuente de recursos para el proselitismo del partido de gobierno.

El régimen previsional fue concebido para recoger los dineros acumulados en el ahorro obligatorio de los trabajadores y el impuesto a la nómina de trabajadores que debe ser cubierto por los patronos.

El Estado asumió el compromiso de aportar al fondo de pensiones desde la década de los cincuenta. Sin embargo, en la práctica, a través de las sucesivas consolidaciones y la absorción de los excedentes de los ingresos sobre los egresos por la vía de la emisión de bonos, este compromiso nunca se honró. El sistema de reparto constituyó un esquema de “piramidación”, pues los ingresos de los aportantes fueron utilizados para financiar los pagos de las pensiones de los jubilados y otras prestaciones.

El esquema de reparto es perverso, se sostiene sobre los aportes de las generaciones jóvenes. Este hurto bien pudo funcionar mientras la población crecía a tasas del 3 % y las cohortes de aportantes cubrían en una relación de ocho a uno a los receptores. Hoy la realidad demográfica del país es otra: a duras penas hay dos aportantes por cada beneficiario.

Según lo establecen las Cuentas Nacionales, entre 2000 y 2016 los ingresos del IESS fueron de $41.750 millones y las prestaciones sumaron $32.177 millones, dando un saldo de $9.573 millones en ahorros patrimoniales.

No obstante las magnitudes involucradas, se trata de cifras magras en un régimen crecientemente presionado por la falta de liquidez.

Se ha llegado al punto que la OIT, y no un miembro de la oposición, levanta la voz de alarma, indicando que se requiere tomar acciones correctivas de inmediato, pues se ha mermado el patrimonio al tener que hacer desinversiones y trasladar recursos del fondo de pensiones al fondo de salud, para cubrir la brecha presupuestaria, acelerando el eventual quiebre patrimonial.

Es otro legado del desgobierno económico. Se ha jugado a la demagogia con dineros ajenos, y cualquier promesa de redención suena vacía si no se procede a la reestructura integral de un patrimonio que no es de gobierno alguno, sino de los trabajadores.