Hace aproximadamente un mes y medio, Andrés Páez y Fernando Villavicencio presentaron una denuncia en base a un supuesto informe de la Contraloría, pidiendo se investigue un presunto caso de peculado en la Comisión Especial que investigó los hechos del 30S; comisión ad honorem creada en el gobierno anterior, y de la cual se presumía, sus miembros recibieron pagos periódicos por parte de la Secretaría de Inteligencia. El presidente de la Comisión era el actual fiscal general; ante ello la fiscal subrogante inició una investigación reservada.

Luego, ocurre un segundo hecho, el excontralor, desde Estados Unidos, denuncia que el supuesto informe de la Contraloría realmente existe y revela presuntas irregularidades en la referida comisión, que avivaron las dudas sobre la verdad de los hechos ocurridos en el 30S.

Pero como si estos dos hechos no configuraran ya una obra que ha dejado a los ecuatorianos indignados, ocurre una tercera denuncia el lunes pasado, en el que el fiscal general, revela un audio en el que da a conocer un supuesto complot entre el presidente de la Asamblea y el excontralor en su contra, que ha tenido como epílogo la presentación del mencionado informe.

Luego de ello, empezó una serie de descalificaciones y acusaciones recíprocas entre los denunciantes, que dejan importantes conclusiones: los hechos fueron conocidos por todos los denunciantes con anterioridad; estos tenían entre sus obligaciones: controlar, fiscalizar y de ser pertinente denunciar y no lo hicieron; además, se ha evidenciado la manera cómo se ha designado a autoridades en el Estado en los últimos años. Basta con señalar lo expresado en una red social acerca de que al fiscal le habían regalado el cargo. Solo este comentario amerita una explicación; y, finalmente estas acusaciones implican los hechos del 30S, en el que ciudadanos comunes pagaron unos con su vida y otros con su libertad lo ocurrido en esa fecha.

Lo claro es que mientras a una parte del Ecuador le han aplicado la ley a rajatabla, otra ha hecho tabla rasa de la ley.