Una herencia de demandas

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Una herencia de demandas

12 Demandas ya se encontraban planteadas antes de la llegada del nuevo gobierno.

Los militares en servicio pasivo también han presentado varias demandas en contra de las reformas a la Ley del Issfa y el Isspol. En la normativa impulsada por el anterior Ejecutivo se puso un techo a las pensiones de los militares y policías. Estas fuero

No las provocó, pero tendrá que afrontarlas. En mes y medio el gobierno de Lenín Moreno acumula dos demandas de inconstitucionalidad y podría sumar otras. Todas tienen como origen normas que fueron impulsadas por su predecesor.

Tras la aprobación, la noche del jueves, de la Ley de Paraísos Fiscales que viabiliza la consulta popular que prohíbe ejercer cargos públicos a funcionarios y dignatarios de elección popular que tengan bienes en paraísos fiscales, la bancada de CREO anunció que demandará su inconstitucionalidad.

Roberto Gómez, jefe de este bloque legislativo, dijo que la normativa se aleja del espíritu de la Constitución aprobada en 2008, porque en esta no se establecen como inhabilitantes para ser candidato las normas que sí constan en la Ley de Paraísos Fiscales.

¿Cuál sería el objetivo? “Aprobarla como está es inhabilitar a Guillermo Lasso, intentar hacerlo. Lo responsable era hacer una buena normativa que respete los mandatos, que no manipule ni vaya dirigida contra nadie y que, realmente, combata la corrupción”, apuntó Gómez.

La acción se hará efectiva una vez que el documento sea publicado en el Registro Oficial.

Esta misma organización política demandó, a finales del mes pasado, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, que crea un órgano paralelo a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para proteger a autoridades.

El asambleísta César Carrión considera que este cuerpo de seguridad funcionaría al margen de lo que permite la Carta Magna, que solo da potestad a militares y policías para estas labores.

Esta ley, defendida e impulsada por el expresidente Rafael Correa, ha generado diversas críticas y nuevos anuncios de demandas por parte del Partido Social Cristiano (PSC).

Y los ambientalistas también se consideran afectados por las propuestas del anterior gobierno. La organización Acción Ecológica impugnó ante la Corte Constitucional (CC) el artículo 56 de la Ley de Semillas, que entró en vigencia desde el 1 de julio.

Los ecologistas consideran que al permitirse el ingreso al país de semillas transgénicas con el objeto de investigarlas, se abre una ventana para la diseminación de estas variedades.