Durante todo el período de la década perdida, la Función Legislativa incumplió muchos de sus múltiples deberes.

Solo por excepción fiscalizó los actos de la Función Ejecutiva y no lo hizo con los de la Función Electoral ni la de Transparencia y Control Social.

En razón de ese trabajo negligente, sustentado por el sectarismo político de la bancada mayoritaria, hoy el Ecuador sufre la vergüenza de un vicepresidente de la república sin funciones, en la cárcel y sometido a juicio como autor de asociación ilícita en el montaje de la trama de corrupción de Odebrecht.

Si la Asamblea (su bloque hegemónico) hubiese cumplido su rol fiscalizador, hace tiempo debió haber enjuiciado políticamente al vicepresidente, librando a la república del bochorno actual. Prefirió, en razón de sus intereses políticos, trabar los tardíos esfuerzos por fiscalizar de las fracciones opositoras.

Pese a ello, cuando por vergüenza debería ser prudente en sus manifestaciones, dicho bloque de Alianza PAIS, ahora aparentemente dividido, pretende seguir conduciendo el destino político del Ecuador hacia la consagración de la impunidad, respecto de diversos actos delincuenciales cometidos bajo la responsabilidad de algunos de sus copartidarios en ejercicio de cargos públicos.

Así, acaba de cerrarle el paso al esclarecimiento de cómo cumplió sus labores un exministro de Educación, bajo cuyo ejercicio ministerial, y el de otros de sus antecesores, se produjeron condenables actos atentatorios a los derechos humanos de estudiantes de diversos colegios, sin que entonces se produjera la sanción correspondiente.

Por el estilo, también se impidió que se someta a juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura.

Si se vive, a partir de mayo, una democracia que se aproxime a los contenidos que tal denominación involucra, la instauración de los juicios políticos era una oportunidad para que los funcionarios justifiquen lo adecuado de su comportamiento desvirtuando aquello de lo que se los presumía responsables.

Sin duda, imponer simplemente la mayoría, sin dejar espacio al total esclarecimiento de cómo se conduce la vida pública, genera una indeseable sensación de que nada ha cambiado, salvo el tono del discurso. La manipulación persistente pone en duda hasta la realidad de las publicitadas pugnas internas.