Ante los hechos

Un día como el de ayer, hace ya siete años, se produjeron los sucesos que a partir de entonces se conocieron como 30-S.

En esa fecha, un Ecuador conmovido por la naturaleza de los acontecimientos fue víctima del manejo irresponsable de un gobierno que hizo de la intemperancia y el atropello la norma fundamental de su ejercicio presidencial, mientras encubría una gigantesca trama de corrupción.

Ahora, cuando la presión ciudadana contra esa lacra mundial y sus distintas modalidades de acción ha obligado a que las autoridades de control ejerzan sus funciones tal cual lo determinan la Constitución y las leyes, y empiezan a esclarecerse los autores, cómplices y encubridores del gigantesco atentado perpetrado contra los fondos públicos, el país lo observa con satisfacción pero mantiene un prudente compás de espera, temeroso de sufrir otra decepción en relación a la penalización de casos que ameritan ser sancionados con todo el rigor de la ley, a efecto de cumplir al así hacerlo, también un efecto ejemplarizante.

En efecto, ha sido bien recibida la participación de la Procuraduría, a poco de que venza el plazo (hoy primero de octubre) para presentar acusación a nombre del Estado, y así ocurre porque ello permite intentar satisfacer otro anhelo nacional: el que no únicamente los dineros mal habidos sean devueltos, sino que igualmente, por la vía de la indemnización se repare a los perjudicados por sus delitos, en este caso el Estado ecuatoriano.

Mientras tanto, los ciudadanos continúan en espera de nuevas definiciones trascendentes, vinculadas a otros hechos de corrupción. Lo de Odebrecht es juego de niños, así lo han señalado y parece que con razones sustentadas en hechos, muchos de quienes denuncian la corrupción, comparándolo con lo ocurrido en los negocios petroleros.

Sobre el tema hay todavía múltiples asuntos pendientes que van desde la repotenciación de la refinería de Esmeraldas hasta la magnitud de las ventas anticipadas de petróleo y otras actividades de comercialización.

Lo mismo ocurre en relación con otras obras de infraestructura. Sin duda, la lucha contra el uso de la función pública para alcanzar rápido y gigantesco enriquecimiento requiere un enorme esfuerzo para alcanzar logros, puesto que se trata de deshacer tramas mafiosas tejidas al más alto nivel político.