Hay siete pedidos de consejos de disciplina

Siete. Ese es el número de consejos de disciplina militar abiertos en los últimos quince días contra seis oficiales de la Marina y uno del Ejército.

Los cinco tenientes y dos capitanes están acusados de cometer la misma falta disciplinaria atentatoria estipulada en el artículo 36 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Disciplina Militar: “realizar actos de manifiesta violencia e indisciplina contra un superior”.

El único denunciante es el Ministerio de Defensa, que pide sanciones, en unos casos por responder cartas ofensivas al presidente Rafael Correa y, en otros, “por haber divulgado expresiones ofensivas e irrespetuosas” contra el mandatario y el ministro de Defensa, a través de sus cuentas de las redes sociales Facebook y Twitter.

El primero de los siete pedidos de consejos de disciplina se evacuó el jueves pasado, en la Base Naval San Eduardo en Guayaquil, adonde está asignado el capitán Edwin Ortega.

La decisión de los juzgadores fue inadmitir la demanda, bajo tres argumentos: La aplicación de las leyes militares no contemplan o abarcan el ámbito de una autoridad civil, o inclusive, al presidente de la República; el hecho denunciado no es un acto de servicio ni relacionado con él; y en el expediente sustanciado se evidencian acciones y omisiones que vulneran el debido proceso.

El segundo consejo de disciplina se instaló ayer, pasadas las 11:00, en la Comandancia de la Marina en Quito, contra el capitán José Peñafiel. Hasta el cierre de esta edición, los miembros del consejo deliberaban una resolución.

El tercer consejo, contra la teniente del Ejército Karla Pozo Fraga, ha sido convocado para hoy, a las 14:00 en Quito; y el cuarto, contra el teniente de la Marina, Juan Torres, para el miércoles en la Base Naval norte, en Guayaquil.

A los tenientes David Ruales, de la Base Naval sur de Guayaquil; Daniel Realpe, de Esmeraldas, y Juan Barrionuevo, de Quito, aún no les han fijado fecha del consejo que se instalará en el reparto militar en el que están asignados.

El abogado de los seis oficiales de la Marina, Juan Vizueta, ha basado la defensa de los dos primeros casos en que las normas militares cobijan a los militares en servicio activo y no a las autoridades civiles.

En el caso de la teniente Pozo, además del anterior argumento se suma otro: que ella estaba inactiva por maternidad cuando reprodujo el mensaje de Facebook. Ahora está en período de lactancia.

Según Vizueta, además de los siete casos en trámite, hay otros doscientos miembros de las Fuerzas Armadas -69 en la Marina- que son investigados por el Ministerio de Defensa, por haber expresado el rechazo a las acciones del Gobierno a través de redes sociales. En algunos casos, ya se pidió el envío de sus hojas de vida.

¿Hay algún antecedente en las Fuerzas Armadas de que autoridades civiles hayan pedido el inicio de consejos de disciplina?

Es la primera vez que ocurre. Pero nunca antes un presidente de la República había roto la cadena de mando en las Fuerzas Armadas y había escrito una carta a los militares. Para eso está la orden general. Con ese argumento debería sustentarse la defensa de los seis navales que respondieron a la carta del presidente Rafael Correa.

¿Qué dice la Constitución al respecto?

El artículo 226 de la Constitución dice que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley.

¿Se puede considerar una falta atentatoria el hecho de que un militar le conteste una carta al presidente de la República?

Ecuador se rige bajo un estado constitucional de derechos, en donde prima la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la libertad de comunicación. Al escribirle una carta a los militares, el presidente de la República le está permitiendo que le contesten. No hay culpa porque no hay dolo.