Vigilia. Cubanos permanecen en las afueras del hotel Carrión por noticias.

Hay dudas legales en la deportacion de cubanos

Ya son 75. El Gobierno sostiene que la deportación de ciudadanos cubanos en situación migratoria irregular se hace cumpliendo el debido proceso y respetando sus DD.HH. Los abogados de los extranjeros discrepan.

A sus ojos, habría, al menos, cuatro violaciones a la Constitución, aprobada en 2008. Juan Pablo Albán, uno de los abogados defensores, dice que el proceso contra los isleños deja en entredicho lo que tantas veces el Gobierno ha proclamado sobre la ciudadanía universal.

A la polémica se sumó la Defensoría del Pueblo que considera que someter las decisiones de los jueces sobre la deportación a otra instancia (Ministerio del Interior) también es inconstitucional porque “estaría en contradicción con el principio de independencia judicial”.

Movilidad Humana

1. Según Albán, la detención de los cubanos en el parque El Arbolito, la semana pasada, transgrede la norma sobre la libre movilidad. La Constitución reconoce a las personas el derecho a migrar y dice que no se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición de migratoria. “Fue ilegal la detención”, dijo.

Expulsión masiva

2. El jurista Francisco Hurtado, también abogado defensor, recordó que el Art. 66 de la Carta Magna prohíbe “la expulsión de colectivos extranjeros”. Y eso es, según dice, lo que ocurre con los ciudadanos cubanos. El Gobierno certificó que envió de regreso a Cuba a dos grupos de 29 y otro de 46.

Arbitrariedad

3. Otra violación, según los abogados, es el “desplazamiento arbitrario”. Según la abogada Daniela Salazar, la norma constitucional determina que ninguna persona puede ser obligada a regresar a su país. Esto tiene que ser un acto voluntario. Los cubanos habían adelantado su deseo de migrar a EE. UU.

Debido Proceso

4. Salazar advierte que tampoco se cumplió con el debido proceso. Hay personas, dijo, que fueron deportadas sin que se concluyeran con los juicios en su contra. Ellos, como abogados, incluso recibieron las boletas de libertad de sus defendidos y “otros tenían el estatus de refugiados. Nada de eso importó”, explicó.