No dan abasto. Los Centros de Acopio de Indicios y Evidencias de la Policía Nacional “se encuentran colapsados” y ya no hay espacio para almacenar un objeto más, según las cifras de un documento de esa entidad.

De acuerdo con los expertos en materia judicial, esta situación se ha generado por la descoordinación que hay entre la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado. Ese desfase, precisan, se genera en los procesos administrativos para tramitar y autorizar el egreso o chatarrización de los artículos .

Esos objetos, que permanecen en cadena de custodia dentro de estos centros de acopio, han sido decomisados en acciones de flagrancia, operativos u otros procedimientos bajo una orden de un juez, como piezas clave de una investigación que impulsan los operadores de justicia.

En los centros de acopio existen más de 3,5 millones de objetos bajo cadena de custodia, los cuales pertenecen al subsistema investigativo, Según la Dirección Nacional de Comunicación Organizacional de la Policía Nacional.

Esos indicios u objetos de prueba deben permanecer custodiados hasta que las autoridades competentes emitan una orden o disposición final, ya sea al término del proceso legal al que pertenecen, o cuando los propietarios presenten la autorización de un juez, junto con la documentación que certifique que dichos objetos son de su pertenencia.

Pese a que hay un lineamiento establecido, dentro de los centros de acopio, hay un sinnúmero de objetos obsoletos que están desde 2008, que no han sido retirados por sus propietarios ni chatarrizados, según una fuente policial que prefiere mantener su identidad bajo reserva: “Nosotros no podemos tomar acciones sobre aquellos indicios que llevan años en las bodegas, nuestra responsabilidad es la cadena de custodia. Es el juez quien debe emitir una orden”.

Para Julio César Cueva, abogado penalista, el problema radica en que, muchas veces, el proceso legal concluye, pero no se notifica a los centros de acopio para evacuar los indicios que se almacenaban por efecto de una investigación. Entonces, se “siguen almacenando objetos de manera innecesaria”.

Como solución, apunta Cueva, se debe establecer una conexión digital entre las diferentes instituciones que intervienen en un proceso judicial, como la Corte de Justicia, la Fiscalía y Policía Nacional, para consultar el avance de los procesos. “No sé qué tan actualizado sea el software, y esto es si es que lo tienen, para llevar un control de los objetos o un inventario como tienen las grandes empresas. Pero si están haciendo el control de manera artesanal es muy difícil saber qué hay que destruir o cuándo eso ya está caducado y dejó de pertenecer a un proceso investigativo”, analiza.

Según el protocolo de los centros de acopio, publicado en el sitio web de la Fiscalía General del Estado, para que se proceda a la destrucción, baja, remate o chatarrización de los indicios, el custodio debe realizar un inventario de las evidencias que están en esta situación, con respaldos fotográficos, y se realizará con previa orden escrita de los operadores de justicia.

EXPRESO solicitó una entrevista al general Alain Villavicencio, director de la Unidad de Investigación de la Policía Nacional, para conocer si ante el colapso de las bodegas tienen previsto tomar alguna acción, pero su equipo de comunicación dijo que “no era posible por tratarse de información sensible”. Incluso cuestionó que este Diario haya tenido acceso a las cifras de los objetos en cadena de custodia, desde otra dirección policial, pese a que la problemática es de interés público.

Asimismo, se solicitó una visita al centro de acopio ubicado en la ciudad de Guayaquil para graficar este reportaje, pero tras delegar en reiteradas ocasiones el requerimiento a varios funcionarios de la entidad, se negó el acceso a un fotógrafo de EXPRESO “por seguridad”.

Para Kléber Siguencia Suárez, abogado penalista, el colapso también deriva de las trabas que hay en los procesos administrativos que, además de ser “engorrosos”, se dan a destiempo.

“El trámite de la devolución inicia con la solicitud del propietario en Fiscalía, esta entidad procede a ordenar que se recopilen los documentos para oficiar a la Policía Judicial y que esta realice la devolución. Esos son los pasos. El problema se da en el proceso, como la recopilación de los documentos del proceso legal, porque se tardan en entregarlos”, asegura Siguencia, y añade que otra de las trabas se presenta cuando las personas no tienen documentos para certificar que esos objetos son de sus pertenencias: “Si no hay documentos, simplemente no te las entregan”.