La guerra de los taxis

Lo bueno e informal contra lo malo pero regulado. El debate sobre el transporte público ha visto en las últimas horas una oportunidad para reabrirse tras el veto que la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) hiciera contra Cabify, la empresa digital de taxis confortables y económicos que convirtió el viaje cotidiano en una experiencia con descuentos, regalos y formas de pago amigables. Lo hizo fuera del margen estricto de la ley, según el Municipio. Ahora deben regularse o desaparecer.

Ayer, la cabeza política de la ATM, Andrés Roche, quien dio un ultimátum a la compañía 24 horas antes, sostuvo una reunión con el presidente de Cabify en Ecuador, Santiago Borja, donde se definió la migración del servicio de los autos confortables a los taxis amarillos regulados. “Si no lo hacen no pueden operar en Guayaquil”, aseguró Roche, tajante.

La administración de Jaime Nebot, quien había adelantado que tomaría acciones la semana pasada, ha mostrado reticencia a permitir el ingreso de emprendimientos que, a su juicio, “ponen en riesgo” a los 12 mil taxistas de la ciudad.

El riesgo, en palabras de George Mera, el presidente de la Flota Amarilla que agrupa a los taxis regulares del país, es que “estas empresas enganchan mañosamente al cliente: les regalan agua o no les cobran una carrera. Mientras nosotros tenemos que pagar y cumplir todos los requisitos de ley”. La versión de los amarillos, que cuentan con su propia aplicación aunque menos exitosa que las privadas, es que “existe una competencia desleal” porque los nuevos servicios como Cabify pueden cobrar menos y servir mejor.

Eso está por cambiar. Roche advirtió que cuando Cabify se regule “la tarifa debe ser más alta. Les gusta un servicio de alto nivel...”, dice. Pero no completa la frase. Usa enseguida una analogía: el viaje en bus o en avión. Mayor comodidad, mayor costo.

No todos coinciden con esa lógica. La presión municipal contra Cabify despertó también una ola de respaldo a la compañía que muchos describen como mejor y más económica. Pero también más segura.

A diferencia de las unidades reguladas y amarillas, que el año pasado duplicaron sus registros de secuestro exprés en comparación al 2015; servicios como Cabify están limpios de denuncia: “No ha habido denuncias en estos servicios”, resuelve el general Marcelo Tobar, comandante de Policía de Guayaquil, sin querer detallar más cifras por tratarse de “un tema político”.

También es empresarial. Después de todo, Cabify no es una empresa de taxis. Es una plataforma.

La regulación a iniciativas como esta despierta temores en emprendedores como Luis Loaiza, una de las caras visibles de la innovación ecuatoriana, que maneja emprendimientos con inversiones internacionales por más de un millón y medio de dólares. Loaiza, hoy al frente de Shippify, una iniciativa digital dedicada a entregas a domicilio que funciona en Brasil, México, Chile y está abriéndose paso en Ecuador, teme complicaciones: “Si no llegamos a un acuerdo para apoyar plataformas de economía colaborativa, significa que no estamos progresando a ser esa ciudad inteligente”. Esa ciudad inteligente, que describe Loaiza, no cuida solamente de los gremios y empleos; sino también de los usuarios y plazas de trabajo por crearse.

“Encontrar el punto medio es la tarea de las autoridades”, agrega Pedro Crespo, de la Asociación de Jóvenes Empresarios. A eso ha apuntado el Municipio con Cabify: insertarlos en la legalidad sin matar el buen servicio. Pero del lado de la flota amarilla, que promete movilizarse si se siente amenazada, no está claro si algún punto medio puede mejorar, estrenar la seguridad, el uso de taxímetro y el respeto al usuario.